La excorporación local de Zurgena, con el exalcalde Cándido Trabalón, se enfrenta esta semana a un nuevo juicio que ha sido suspendido en tres ocasiones -la última en marzo de este año- por un presunto delito contra la ordenación de territorio.

Así, el Juzgado de lo Penal 2 de Almería acoge este jueves la vista oral por la autorización de una parcelación para construir 37 viviendas unifamiliares en el paraje Los Carasoles siendo “conocedores”, presuntamente, de que se había prescindido de manera “absoluta” del procedimiento administrativo legalmente establecido y que era suelo no urbanizable.

Por su parte, junto a Trabalón y el exedil de Urbanismo, Manuel Tijeras, está imputado otro exedil y el arquitecto municipal, Carlos Domingo Berbel. Quienes se enfrentan, todos, a una petición fiscal de 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial.

La causa
La Fiscalía indica en su escrito que la mercantil Promobel Rocosa solicitó en diciembre de 2004 una licencia para la parcelación urbanística de un terreno rústico de su propiedad, dividiéndolo en 37 parcelas para construir varias viviendas unifamiliares.

La solicitud dio lugar a un expediente donde presuntamente Berbel emitió dos informes en los que afirmaba que la referida parcela “estaba dentro de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada en pleno y en el avance del PGOU” aunque lo hizo, según dice, “omitiendo deliberadamente” para que fuera concedida sin ninguno de los dos instrumentos en vigor. Así, conforme a la normativa vigente, habría omitido que el suelo no era urbanizable y la parcelación no estaba permitida, añadiendo el fiscal que “no se emitió” en el expediente administrativo el preceptivo informe jurídico.

Por ello, Trabalón y los dos exediles están acusados por su participación en la Comisión de Urbanismo celebrada en febrero de 2005 y en la que votaron “a favor de la licencia solicitada, haciendo constar que acordaban por unanimidad informar favorablemente el parcelario propuesto por la promotora”. Así, el Ministerio Público estima que “todos ellos conocían” que en la tramitación del expediente se había prescindido “absolutamente” de procedimiento administrativo legalmente establecido.

En el caso de Tijeras, añade que supuestamente dicto un decreto ese mismo día en que se celebró la comisión donde acordaba conceder autorización a la parcelación “sabiendo que la ley las prohíbe en suelo no urbanizable”. No obstante, justo después “se autorizaba a dividir la finca en 37 parcelas” calificándolas como “de naturaleza urbana”. Por ello, la Fiscalía les imputa la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio de los artículos 320.1 y 320.2 de Código Penal.