Durante más de tres horas, el salón de plenos de la Diputación Provincial fue ayer  testigo de un cuerpo a cuerpo entre el portavoz del Partido Socialista y el del Partido Popular; y eso que ambos defendían lo mismo: salvar a Galasa. Los portavoces de los dos partidos mayoritarios, Javier Aureliano García, de PP, que gobierna en la Diputación, y Juan Antonio Lorenzo, del PSOE y proponente del pleno extraordinario, dieron vueltas y vueltas a un mismo asunto, qué medidas se debían adoptar para evitar el cierre de la empresa mixta el 1 de diciembre.

Cada uno de ellos mantuvo  sus posturas, las mismas que vienen defendiendo desde hace meses, y aunque en un momento de la sesión el espejismo de alcanzar un pacto flotó por el salón de plenos, finalmente no fue posible y el cruce de pactos se quedó en nada. Y eso que en repetidas ocasiones ambos diputados se retaron a aceptar sus propuestas, pero la oferta hecha por el Partido Popular y la del Partido Socialista, al menos de momento, solo han encontrado el rechazo del contrario.

La cuestión de fondo es la situación económica en la que se encuentra la empresa, encargada de la distribución y gestión del agua en el Levante y el Almanzora y de la que la propia Diputación tiene el 51%. Esta situación le aboca al cierre a partir del 1 de diciembre por la Ley de Sostenibilidad aprobada por el Gobierno central en 2013 y que obliga al equilibrio presupuestario a estas entidades.

Con un déficit anual de 3,1 millones de euros, Galasa no pasa el examen y, de hecho, según un escrito del anterior  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la actual situación, a partir del 1 de diciembre, la empresa solo podrá realizar acciones encaminadas a su liquidación. Ante esta situación, desde el PP se puso encima de la mesa una subida de tarifas que ronda el 24%, según los populares; y el 38%, según el PSOE, y que permitiría presentar un futuro creíble al enjugar el déficit presupuestario. Por su parte, los socialistas vienen defendiendo que se pongan en marcha una serie de medidas que permitirían ahorrar en torno a dos millones de euros, de forma que a los usuarios se les repercuta solo un millón, dando como resultado una subida del 9%.

García insistió una y otra vez en que “de aquí al 1 de diciembre solo se puede hacer una cosa: aprobar la subida de tarifas”. Lorenzo, por su parte, rebatía sus argumentos diciendo que con un plan de inversión y una subida de tarifas más moderada se podría conseguir el beneplácito del interventor y del Ministerio.  Enrocados ambos portavoces, con un tono muy agresivo por parte de García, y cuando parecía que nada iba a salir en limpio del Pleno, el portavoz del PP lanzó un órdago a su homólogo socialista. “Le propongo un pacto señor Lorenzo. Aprobar las tarifas para que Galasa se salve y en el mismo acuerdo tarifario decir que se bajen las tarifas conforme se vayan ahorrando costes de la empresa, y que en el mismo acuerdo se diga también la inversión, que le recordamos otra vez será de 30 millones. Si ustedes están por salvar Galasa no hay ninguna razón por la que no acepten la propuesta. Ninguna razón”, le espetó Javier Aureliano García a Juan Antonio Lorenzo. 

Éste le respondió planteando otro pacto. “Repartamos los 3 millones de déficit en tres partes, un millón para Diputación que podrá ahorrar esa cantidad evitando fugas en la red; otro millón a la propia empresa que se conseguiría con los ajustes en las licitaciones, y el otro millón, a los usuarios con una subida del 9% en las tarifas”. 

Amat: “Yo no doy nada por perdido”
Al final, tras las más de tres horas que duró la sesión plenaria, el presidente, Gabriel Amat, cerró el pleno, dejando una puerta abierta a la salvación de Galasa, porque, como ha repetido en varias ocasiones, “yo no doy nada por perdido. Voy a luchar por salvar Galas con uñas y dientes”. De forma algo misteriosa, Gabriel Amat insistió en que iría a Madrid a buscar soluciones. “Ya he estado antes y voy a ir otra vez”, aseguró. Eso sí, al mismo tiempo, el presidente advertía de que si se salvaba la empresa y hay ayuntamientos que decidían marcharse, “al día siguiente, automáticamente, Galasa les pedirá las responsabilidades económicas que tenga que pedirle”.