El caso Costurero, listo para su enjuiciamiento
El juzgado remite el caso a la Audiencia, que juzgará a 24 acusados, entre ellos el exalcalde Cándido Trabalón

Cándido Trabalón.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa ha completado el procedimiento del caso Costurero por presunta corrupción urbanística en el municipio de Zurgena. Tras la práctica de la veintena de diligencias que le solicitó la Audiencia Provincial el Juzgado ha comenzado a devolver la causa a la Sección Segunda para el enjuiciamiento de los 24 acusados, entre ellos el exalcalde andalucista Cándido Trabalón y el exedil de Urbanismo Manuel Tijeras.
Las actuaciones, que constan de 14.789 folios divididos en 27 tomos y 15 cajas con piezas de convicción, se han comenzado a remitir de forma “escalonada” según la ordenación dictada en marzo por el tribunal, que ahora debe señalar la vista oral y designar nuevo magistrado ponente tras la marcha del presidente de la Sección Segunda, el magistrado Juan Ruiz-Rico, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En total, son 13 ciudadanos extranjeros que compraron viviendas presuntamente fuera de ordenación. Los encausados en el caso ‘Costurero’, que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo y el concejal de Urbanismo, irán a juicio por la supuesta comisión de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios, contra la ordenación del territorio y desobediencia.
En el auto de apertura de juicio oral el juez resolvió imponer a Trabalón, quien se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, una fianza civil de 571.147 euros. El fiscal, que acusa al exregidor de 120 delitos y le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces “irregulares”.
La Fiscalía sostiene además que en, al menos dos ocasiones, el alcalde lo hizo “a cambio” de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran “sin cobrar precio” un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.