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Condenan al Ayuntamiento por la tardanza en dar una licencia de obras

El Consistorio tendrá que devolver 125.000 euros por el tiempo tardado al tramitar una licencia para viviendas

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

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El Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora tendrá que devolver una tasa que cobró “indebidamente” por la tardanza a la hora de tramitar una licencia de obra, según ha informado el despacho de abogados ‘Martínez-Echevarría Abogados’ que ha celebrado esta sentencia  “novedosa en el ámbito de la administración pública”.



El Consistorio cuevano cobró 125.000 euros correspondientes a una tasa de licencia de obra solicitada por una empresa promotora para iniciar un proyecto de viviendas. El trámite de la mencionada licencia, que normalmente se extiende por el plazo de un mes, no se resolvió una vez pasaron 17 meses, momento en el cual los promotores ya no podían contar con la financiación bancaria necesaria para el proyecto..

Grave perjuicio


Al retrasarse tanto en el tiempo la resolución municipal, los empresarios entienden que han tenido un grave perjuicio, al no poder continuar con la inversión, convirtiéndose este cobro en “indebido”. La ley vigente prevé que este tipo de devoluciones de cobros indebidos prescriben a los cuatro años, por lo que los argumentos de los afectados se han basado en fijar la fecha desde la que se considera que el cobro es indebido; demostrándose que está dentro de los cuatros años anteriores a la interposición de la demanda.



En este caso, el cobro se declara indebido en el mismo momento en que se da por fracasada la promoción de viviendas. El juzgado ha dictado una sentencia que obliga a la devolución de los 125.000 euros que desembolsaron para el trámite de la licencia, además de intereses por los años ya transcurridos y costas procesales. Una sentencia ejemplar que avisa a las administraciones de las consecuencias de sus gestiones y de la necesidad de excluir motivos como los políticos de procedimientos administrativos.



El letrado de socio de ‘Martínez-Echevarría’, José María Díaz, ha comentado que no se explica “cómo un procedimiento administrativo se puede alargar tanto, impidiendo la construcción de viviendas necesarias y causando un perjuicio a un empresario dispuesto a invertir para crear riqueza en la zona”.


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