El Ayuntamiento de Garrucha ha decidido que ha llegado la hora de poner el foco sobre el presunto absentismo laboral y las bajas médicas que despierten dudas. El equipo de Gobierno local ha acordado con los sindicatos un nuevo reglamento interno que presumiblemente regulará, de forma excepcional, la contratación de detectives privados para controlar este tipo de ausencias temporales entre sus trabajadores municipales. 

Una medida inédita hasta ahora y que, antes de entrar en vigor, tendrá que pasar por el Pleno municipal, donde si obtiene el voto a favor de la mayoría de los concejales quedará aprobada de manera definitiva. La medida podría aplicarse "inmediatamente después" de la sesión, que en principio podría ser "el 15 de julio" según fuentes municipales.

Las mismas fuentes han subrayado el objetivo de esta normativa no es abrir una caza de brujas, sino blindar los recursos públicos frente a posibles simulaciones o abusos, garantizando siempre un equilibrio entre la fiscalización y "el derecho a la intimidad" de los empleados públicos y respetando del mismo modo sus "derechos laborales". 

Es más, en declaraciones a este periódico el alcalde, Álvaro Ramos, ha detallado que "ni tan siquiera haría falta el reglamento" aunque esta vía "es una manera de hacerlo con una transparencia mayor y desde la participación ciudadana".

Sin "persecuciones" o controles masivos

Desde el Consistorio garruchero han querido aclarar que el espíritu de este nuevo documento, fruto del diálogo social con los representantes de los trabajadores no es el de "perseguir al trabajador", sino "proteger" las muy maltrechas arcas municipales.

Para evitar cualquier tipo de arbitrariedad o persecución injustificada, el reglamento prohíbe de forma explícita las investigaciones preventivas, rutinarias o masivas, por lo que esa lupa simbólica de los detectives solo se activará en casos muy concretos. Por ejemplo, cuando haya indicios previos y sospechas de fraude.

Asimismo, de ser aprobada esta medida, también podrá utilizarse este recurso ante una incompatibilidad flagrante; es decir, cuando se sospeche que el empleado realiza actividades incompatibles con su estado de baja.

Límites y protección de datos

Uno de los puntos más debatidos pero también más detallados del reglamento es el límite del trabajo de los detectives. La normativa impone líneas rojas materiales muy rígidas para proteger la privacidad de la plantilla.

Los investigadores privados tendrán estrictamente prohibido captar imágenes, vigilar o seguir a los empleados en el interior de domicilios particulares; terrazas y jardines privados o cualquier espacio privado.

El texto refleja también que el hecho de que zonas reservadas sean visibles desde la calle tampoco otorgará legitimidad para grabarlas. Para que una investigación salga adelante, el procedimiento administrativo será de todo menos improvisado. Cada encargo a un detective deberá contar con un acuerdo motivado y, además, superar una Evaluación de Impacto (EIPD) que tendrá que ser validada por el Delegado de Protección de Datos.