La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido una opinión desfavorable en cuanto al cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de Garrucha al determinar que las operaciones efectuadas en 2022 no cumplen con la normativa de gestión de fondos públicos al haber detectado múltiples "irregularidades", entre ellas, prestaciones y servicios sin cobertura contractual entre los años 2015 y 2024 que totalizan 7.876.070,30 euros.

El informe deniega además la opinión de la Cámara de Cuentas sobre los estados financieros de la entidad local sobre la cuenta general de 2022 ante la falta de información y los desajustes generalizados, lo que impide al órgano fiscalizador reflejar una imagen fiel de la situación económica del Consistorio.

Entre otras observaciones, la Cámara señala acuerdos con hasta con 35 proveedores de servicios con los que no se habría contratado bajo el procedimiento legal establecido durante todo el periodo de gobierno con María López (PSOE) como alcaldesa y el primer año de Pedro Zamora (PP) al frente del Consistorio, lo que convertiría estos actos como "nulos de pleno derecho" y obligaría a la revisión de oficio de los mismos.

En concreto, el órgano identifica 23 proveedores que han facturado al Ayuntamiento en el año 2022 gastos por un total de 1.068.524,32 euros "sin la previa tramitación del procedimiento contractual establecido", lo que supone una infracción por parte de la entidad local.

La Cámara de Cuentas también analiza los cien expedientes administrativos de contratación menor, que totalizan 782.354,27 euros y representan, a su vez, el 14,34 por ciento de la contratación de 2022. En ninguno de ellos, según advierte, se justifica la necesidad de recurrir a esta modalidad contractual.

Además de que ninguno de los contratos menores puede calificarse como imprevisible, ya que se corresponden con actividades programables con carácter anual, tampoco se dejó constancia del método para calcular el valor estimado del contrato ni se acreditó haber considerado los precios de mercado.

Personal y retribuciones

En cuanto a la gestión de personal y sus retribuciones, la Cámara de Cuentas detecta pagos "en exceso" al interventor municipal, quien percibió 2.984,44 euros de más en 2022 al sobrepasar el límite legal del 30 por ciento fijado para el régimen de acumulación de funciones.

También aprecia una falta de ordenación en las nóminas puesto que el Tesorero hizo pagos en 2022 por valor de 3.054.072,65 euros sin el preceptivo Decreto de Alcaldía que ordenara dicho desembolso. Asimismo, no halla el acto administrativo por el que se aprueba el complemento específico abonado a los funcionarios, que ascendió 815.269,78 euros.

La Cámara también cree que existe un descontrol a la hora de abonar las horas extraordinarias puesto que, en el año analizado, se pagaron 155.803,5 euros en gratificaciones por servicios extraordinarios a 107 empleados sin partes que justificaran las horas o franjas horarias.

En este sentido, detecta un grupo de 17 empleados que superó el tope legal de 80 horas anuales, generando pagos indebidos por al menos 75.136,50 euros con indicios de responsabilidad contable, especialmente en el seno de la Policía Local, donde su jefe trabajó "551 horas por encima del importe legal permitido".

También se hallaron gratificaciones sin justificar por valor de 34.875,50 euros y cobros de gratificaciones por parte de dos policías locales en los meses de enero y febrero de 2022 por un total de 1.272 y 1.070, respectivamente, pese a "no trabajar en el Ayuntamiento en tales meses".

Sueldos de cargos públicos

El informe de la Cámara también observa el cobro de retribuciones a cargos públicos superiores a las autorizadas, lo que conlleva indicios de responsabilidad contable. En concreto, apunta que los miembros de la Corporación percibieron desde junio de 2019 hasta junio de 2023 -todo el mandato- un total de 30.264,71 euros por encima de lo fijado.

También detectaron una equiparación irregular de sueldo para una concejal en régimen de dedicación parcial que percibió unas retribuciones "idénticas" a las de otros dos concejales que contaban con dedicación exclusiva. En concreto, la concejala percibió 28.699,85 euros en el año 2022, sumando un total de 116.090 euros a lo largo del periodo 2019-2023.

En el acuerdo plenario de junio de 2019, donde se establecieron los cargos con dedicación parcial y sus respectivos sueldos, el Ayuntamiento omitió especificar cuál era el régimen de dedicación mínima indispensable para tener derecho a percibir dichas remuneraciones. Asimismo, el Ayuntamiento no publicó en sus canales oficiales los sueldos de los cargos como marca la ley.

La Cámara de Cuentas también divisa una falta de control y seguimiento en relación a las subvenciones que fueron otorgadas ese año por un importe de 104.074 euros.

Al respecto, apunta que carece de sistemas informáticos de seguimiento así como de un Plan Anual de Actuación -incumplimiento reiterado desde el año 2003- a lo que se añade la ausencia de procedimientos de reintegro por falta de justificación, lo que propicia la prescripción de deudas públicas.

Fiscalización financiera

En cuanto a la fiscalización financiera, sobre la que la que la Cámara de Cuentas deniega dar una opinión debido a la falta de información existente y a la apreciación de desajustes generalizados, incide en la inexistencia de una cuenta general aprobada por el Pleno en 2022, lo que imposibilitó auditar los estados contables anuales.

El Ayuntamiento reconoció obligaciones por 9.215.088,95 euros y realizó pagos por 8.599.938,47 euros, omitiendo la fiscalización previa de la Intervención, sin seguir tampoco los cauces legales establecidos para convalidar dicha omisión.

También observa gastos sin consignación presupuestaria e imputaciones indebidas de ejercicios cerrados, ya que se cargaron a la liquidación presupuestaria de 2022 un total de 1.659.444,23 euros de gastos de años anteriores sin tramitar previamente el correspondiente procedimiento de revisión de oficio, entre otros aspectos.