El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado uno de los puntos del orden del día que, sin duda, se han seguido con más expectación desde el Valle del Almanzora en los últimos años. Ayer se dio luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto para la modificación de la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en busca de incorporar medidas urgentes para normalizar la situación de miles de edificaciones construidas sobre parcelaciones en suelo no urbanizable.

Tan solo entre el Almanzora y el Levante Almeriense hay inventariadas alrededor de 12.500 viviendas irregulares.Con el decreto de regularización lanzado por la Administración andaluza a principios del año 2012 y con la futura modificación de la Ley Urbanística, unas 12.000 casas construidas fuera de ordenación podrían beneficiarse de las herramientas puestas a disposición de los Ayuntamientos para este fin en los últimos años.

Balance optimista
De acuerdo con los cambios que traerá consigo esta iniciativa, las edificaciones residenciales aisladas en las que haya prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes  administrativos o penales. Una vez regularizadas, sus propietarios no podrán realizar obras de ampliación, aunque sí conectarse a servicios como la luz y el agua.

Ahora “la Junta de Andalucía y los ayuntamientos deberán emplearse en el terreno de lo inmediato y en el plazo más breve posible”, ha señalado el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, quien ha subrayado que hoy -por ayer- es “un día muy importante para miles y miles de familias de la provincia” de Almería. Respecto a la modificación de la ley, Sánchez Teruel ha señalado que pone de manifiesto “que hay unos políticos que no miran para otro lado ante los problemas de la gente, que en política se pueden arreglar muchos problemas sin necesidad de dinero” y que “con el trabajo de mucha gente y con voluntad política, cosas que parecían que no tenían arreglo se pueden arreglar”.

La parlamentaria almeriense de IU, Rosalía Martín, ha explicado que este anteproyecto responde a “una problemática real que existe en Andalucía” y “especialmente en nuestra provincia”. Sin embargo, advierte que esta iniciativa “no significará café para todos” sino que se trata “de una adecuación de posibles soluciones en función de los perfiles y diferentes situaciones en la que se encuentran” las viviendas. “Lo que hemos hecho a lo largo de este periodo ha sido trabajar en ello porque es verdad que hay situaciones muy variadas. No se puede generalizar en la solución ni todas tienen la misma solución”.

Prudencia en el PP
En cuanto al balance del Partido Popular, que vigila la iniciativa desde la oposición, manda la prudencia hasta que se conozca en profundidad el texto del anteproyecto. El parlamentario andaluz por Almería José Jesús Gázquez, asegura que esperarán a que el documento llegue al Parlamento para “estudiarlo” y “proponer, si no cumple con las expectativas de la asociaciones y afectados, todo aquello que sea digno de mejora”.

Aún así, se muestra “preocupado” tras conocer las cifras publicadas y que estipulan que serán entre 20.000 y 25.000 edificaciones de este tipo en Andalucía las que se puedan beneficiar de la medida, aunque reconoce que el anteproyecto “ahora mismo es un interrogante hasta no conocer todos los detalles”.

Afectados
Por su parte, las asociaciones de afectados AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora-No) y SOHA (de la Axarquía malagueña) han lanzado un comunicado conjunto en el que expresan su satisfacción “con el compromiso al que PSOE e IU han llegado” pero al mismo tiempo se muestran “impacientes”por ver “lo antes posible” materializada esta iniciativa que antes pasará por el Parlamento andaluz .

“Necesitamos ver el texto pero según entendemos el cambio propuesto permite la regularización, no legalización, de viviendas que cumplan todos los criterios establecidos en el Decreto de Regularización de 2012, excepto por el hecho de que las viviendas comparten la misma parcela de suelo no urbanizable. No es una amnistía. En un mundo ideal los culpables ya habrían sido castigados y las víctimas ya habrían sido compensadas”, expresan ambos colectivos, que sin embargo entienden que “no vivimos en un mundo ideal y estamos obligados a aceptar el compromiso en este aspecto”.