lrededor de 2.000 personas sordas en la provincia se quedarían desasistidas a partir del 1 de enero si, por falta de pago de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas se ve abocada al cierre.
Desde 2009, los programas subvencionados de empleo y servicio de intérpretes de lengua de signos se iban aprobando por parte de la Junta, pero no llegaban a cobrarse. Los dos millones de euros que se deben a toda la Federación andaluza tocan de lleno a la delegación almeriense que en los últimos meses ha visto reducida su plantilla a la mitad.
Así lo explicaba ayer, a través de una intérprete, el delegado almeriense de la Federación, Javier Baños, que reconoce cómo en poco tiempo, los doce trabajadores de la delegación han quedado en seis.
Con el ánimo de mantener unos servicios “básicos” para una parte de la población, lo único que les queda a los integrantes de la Federación Andaluza de Personas Sordas es intentar llegar a un acuerdo in extremis para que la Junta vaya adelantado lo adeudado y poder seguir con el apoyo.

Situación crítica En caso contrario, dice Baños, el cierre es irreversible. Esto supondrá que todas las personas sordas de Almería no tengan ni servicio de orientación laboral, ni programa de acompañamiento para acceder a un empleo. Tampoco podrán contar con los servicios de intérpretes de lengua de signos que hoy les permiten acudir a un centro de salud o resolver casi cualquier cita con cualquier administración.
Con el ánimo de buscar la mayor repercusión posible, el próximo viernes día 20, Sevilla acogerá una manifestación de todos los andaluces afectados por los impagos de la Junta. Los almerienses, dice Baños, también estarán presentes en la protesta. Y es que en la provincia son alrededor de 4.500 las personas afectadas por una discapacidad auditiva.
Y Baños recuerda que la falta de comunicación necesaria para este colectivo (que llegaría si tuvieran que eliminar el servicio de intérprete de lengua de signos) lleva a una “clara vulneración de sus derechos” como ciudadanos.

Contra la ley “Suspender un servicio tan básico provoca angustia a las personas sordas”, insiste el delegado almeriense de la federación, con 2.000 socios en la provincia.
Baños que entiende que la falta de pagos y subvenciones y la consecuente suspensión del servicio de intérprete “no sólo va contra la ley, sino que provoca angustia a muchas personas sordas que sin un intérprete no van al médico, no se acercan al banco para realizar una gestión o a cualquier entidad pública porque no entienden y temen no enterarse” de la conversación.
Para Baños, echar el cierre de la delegación es la consecuencia de una situación “muy crítica”. “Se lleva arrastrando la deuda desde hace mucho tiempo y, aunque hubo un acuerdo, se ha ido a peor”, lamenta.