La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Huércal-Overa investigará la regularización de 15 viviendas declaradas ilegales. En un auto, la instructora Adriana Álvarez dispone que se sigan los trámites para esclarecer un presunto delito de prevaricación administrativa y que atribuye con base en lo investigado, a la alcaldesa, Puri Sánchez así como al concejal de Urbanismo, Ramón López, a un técnico de Obras Públicas, y al gerente de la promotora inmobiliaria A.G.C., que es cuñado del edil de Urbanismo. 

La jueza apunta que de las actuaciones practicadas se desprende una supuesta comisión de dos delitos de tráfico de influencias entre el edil y su cuñado así como tres de estafa por parte del empresario por las tres viviendas que se vendieron tras su regularización por hasta 120.000 euros.

La resolución señala que los investigados intervinieron en la elaboración de informes técnicos y aprobación de los trámites necesarios para la normalización urbanística de las viviendas bajo la figura de “asimilado fuera de ordenación” (AFO) en “abierta contradicción” con la orden dada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería para que las casas fueran demolidas.

Un extremo que choca con la versión que defiende el propio Ayuntamiento sobre estas viviendas levantadas en la década de los 2000, entonces bajo las siglas del PP. La alcaldesa, Puri Sánchez, se ha mostrado tajante al afirmar que “Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una orden de demolición” puesto que “jamás hemos realizado ningún trámite administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza, y la prueba es que esa sentencia, que se hace pública siendo alcalde Pedro Llamas (PP) -condenado e inhabilitado-, no fue comunicada al Pleno, como es preceptivo con toda sentencia”. 

Así, de las palabras de la regidora se extrae que, entre otras posibilidades ,la orden de demolición llegó o desapareció de los archivos del Ayuntamiento. “No consta en ninguna acta, no hubo personación legal del Ayuntamiento en la causa y nunca formó parte de expediente urbanístico alguno”, recuerda Sánchez, quien aún así muestra su “respeto” al auto de la jueza.

Además, desde el equipo de Gobierno recuerdan que los denunciantes son concejales del PP, gobernantes “durante la construcción de las viviendas ilegales” e “incluso uno de ellos agente del Seprona -en referencia al actual portavoz popular- mientras se construyeron más de 1.000 viviendas ilegales en el municipio. También se señala que los precursores de la causa son los mismos que ya han interpuesto infinidad de denuncias contra el Ayuntamiento, su regidora o personas vinculadas a éste. Incluso en una de las denuncias se acusó de agresiones que luego no reconoció ni siquiera la supuesta víctima en el mismo juicio oral”.

El origen de los hechos se remonta a 2006 cuando se denunció la construcción de las viviendas por las que, tres años después, el responsable de la empresa fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia de apelación, dictada más tarde por la Audiencia de Almería, ratificaba el fallo y señalaba además, a petición de la Fiscalía, que debía demolerse todo lo construido a costa del condenado.

Según ha publicado Europa Press, el juez ordenó a A.G.C. la destrucción de las 15 viviendas para restaurar el paraje, de lo que además remitió oficio con testimonio de la sentencia al Ayuntamiento de Cantoria no solo para su pleno conocimiento sino también para que llevara a cabo la destrucción de las casas a costa del demandado, lo que desmiente el actual equipo de gobierno, desde donde aseguran que al menos ellos (que llegaron a la Alcaldía en 2015).

Asimismo, se indica que el auto de la jueza de instancia de Huércal-Overa es plenamente recurrible y que, en todo caso, será en el momento del juicio oral cuando deban demostrarse las acusaciones contra la regidora cantoriana o el personal del Ayuntamiento. 

"Esos posibles delitos nada tienen que ver con los señalados en el auto contra el empresario, principal encausado, que promovió primero las viviendas y luego el expediente administrativo en el que ocultó la referida sentencia de demolición en su declaración jurada. Este hecho ha sido denunciado por el propio Ayuntamiento de Cantoria, pero fiscalía entiende que esa falsedad documental está prescrita", según ha señalado la Administración municipal.