Miguel Gallardo Lorenzo, uno de los nombre de actualidad en Almería en los últimos días por su presunta relación con el ‘Caso cheques’ en la Delegación de Medio Ambiente, expresó ayer a LA VOZ que “todo lo que tengo que decir lo diré ante la jueza cuando me cite a declarar, algo que por ahora no se ha producido”.
Gallardo añadió, con aparente tranquilidad, que “le agradezco que me dé la oportunidad de expresarme, pero estoy en horario laboral, no tengo nada que decir fuera de lo que es el juzgado, no necesito defenderme del juicio mediático, de verdad se lo digo”.
Dicho esto, Gallardo, con un vaso de plástico entre las manos, no quiso añadir nada más sobre este turbio asunto, que ha supuesto la desaparición de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación de Medio Ambiente, donde se ingresaba la tasa por aprovechamientos forestales en los montes de la provincia.
Tras varios días realizando trabajos fuera de la delegación, Gallardo volvió ayer a ocupar su mesa como funcionario en la planta tercera de Nuevos Ministerios junto a sus compañeros de trabajo en la delegación de Medio Ambiente.
Hace recientes fechas, debido al reajuste que está realizándose en la delegación, fue trasladado de la sede de Reyes Católicos a Hermanos Machado.
Hoy acude a declarar el delegado actual de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono en calidad de perjudicado, y a lo largo del próximo mes de mayo han sido también citados a declarar como imputados, en principio, el exdelegado Clemente García Valera y el funcionario, Javier Torres.
En la denuncia de la propia delegación de Medio Ambiente, de la que se deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez del juzgado número uno, Alejandra Dodero,  se indica que con el exdelegado Clemente García al frente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros, mientras que bajo responsabilidad de su sucesor, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
La denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esa cuenta, se habría reducido a unos 20.000 euros.
Falsificación de firma
El exdelegado García Valera ha expresado que en el caso de que se haya sacado dinero con su firma en los talones, “ésta habrá sido falsificada, como se demostrará”.
Sonia Rodríguez, por su parte, ha señalado que ha sido desconocedora  totalmente de los movimientos de esa cuenta y ha anunciado que se personará también en la denuncia de la delegación como parte perjudicada.
La delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, reveló que los poderes de la cuenta que está siendo investigada  los tenía un funcionario y un cargo público.