Los servicios jurídicos municipales han dado cuenta a la Junta Local de Gobierno del resultado de dos recursos de apelación presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en cuestiones urbanísticas y en los que le da la razón al Ayuntamiento.

El primero de ellos se refiere al Plan Parcial de Playa Serena Sur. Según informa el Ayuntamiento de Roquetas en una nota, tras aprobar este Plan y tramitar una modificación del mismo, la Junta de Andalucía no informó desfavorablemente a la actuación municipal ni recurrió su aprobación definitiva.

Sin embargo, “una vez otorgada la licencia de obras a la empresa Caniraga S.L. y ésta mercantil tener prácticamente terminada la edificación, la Junta solicita la revisión de la licencia de obras, por entender que era contraria a derecho la modificación realizada en el planeamiento que, en su momento, no fue recurrida por la Junta”, explican en el comunicado.

La Administración autonómica gana en primera instancia este contencioso administrativo, que el Ayuntamiento recurre al TSJA.

Respeto al planeamiento
El Alto Tribunal andaluz entiende que la licencia de obras se ha dado “con respeto absoluto al planeamiento aprobado en su día, al que la Junta dio su visto bueno, por lo que, da la razón a la labor desarrollada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar”, destaca el Consistorio.

En cuanto al convenio de gestión en Venta  Vitorino, este asunto se refiere a un convenio urbanístico  relativo a la unidad de ejecución 25.3.A del hoy derogado PGOU de Roquetas de Mar- de 1997 y que se encuentra situado en Venta Vitorino, en la Avenida Carlos III.

La Junta presentó un contencioso administrativo contra el Plan Especial que lo desarrollaba del que posteriormente desistió, para luego solicitar la revisión de oficio de la aprobación definitiva de este Convenio de Gestión, según han explicado las fuentes municipales. El Ayuntamiento inadmitió esta revisión por carecer de base legal y la Junta recurrió al contencioso siéndole estimada su pretensión.

Ahora, el TSJA estima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Roquetas contra esta sentencia, que anula y deja sin efecto, confirmando la legalidad de la actuación municipal.

Es más, el Alto Tribunal condena a la Junta al abono de las costas” por su evidente temeridad al haber interpuesto un recurso contencioso administrativo frente al Plan Especial de Reforma Interior (PERI), para luego desistir del mismo”.

La concejal de Gestión de la Ciudad y teniente de alcalde, Eloísa Cabrera,  ha vuelto a insistir en el hecho de que en cada sentencia firme que llega se da la razón al Ayuntamiento en cuanto al urbanismo local.
El ayuntamiento destaca que “la resolución es firme y no cabe recurso contra ella.

Persecución
En su opinión, “no es más que la persecución a la que está sometido nuestro Consistorio por parte del Gobierno autonómico, cuando una vez tras otra, las resoluciones judiciales nos dan la razón en la tramitación municipal del planeamiento y la concesión de licencias”.

Cabrera, sin señalar a nadie, ha sido contundente al declarar que “vuelvo a pedir una vez más, a quienes acusan en el momento de la denuncia y callan cuando llega la sentencia que tengan responsabilidad política y no hagan demagogia barata y acusaciones infundadas para luego esconderse cuando se demuestra la exquisita labor municipal en cuanto al urbanismo, y este asunto es un ejemplo claro de repercusión pública que ahora se demuestra su legitimidad”.