El Ayuntamiento de Garrucha ha decidido personarse como parte perjudicada en los procedimientos judiciales abiertos contra el anterior equipo de gobierno, liderado por la exalcaldesa socialista María López Cervantes.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota de prensa donde ha explicado que su participación en el proceso judicial permitirá “ejercitar las acciones legales pertinentes contra los presuntos responsables de los delitos – malversación de fondos públicos y contratación irregular de personal –, así como reclamar la posible responsabilidad civil derivada de los hechos enjuiciados”.

Todo esto viene a raíz de que la Audiencia Provincial de Almería anulara el sobreseimiento de la causa abierta para investigar un posible delito de prevaricación administrativa y vulneración de derechos cívicos, relacionado con la presunta contratación irregular de personas vinculadas al PSOE en el Ayuntamiento.

En este caso, el tribunal señaló “la existencia de indicios de responsabilidad criminal y no se ha agotado la investigación”, por lo que acordaron continuar con las investigaciones necesarias. De esta manera, la Institución judicial dio por “incompleto” el análisis de los hechos además de que, antes de archivar el caso, tampoco se investigaron otros aspectos de los que estaban previstos en el proceso judicial, como los “consistentes en oír en declaración tanto al denunciante como a la denunciada”.

Ahora, los procedimientos judiciales en los que se personará el Ayuntamiento de Garrucha fueron iniciados por el grupo político ‘Garrucha para la Gente’ desde la oposición, el segundo de cuando denunció también la presunta "desaparición de cuatro millones de euros de las arcas municipales" a raíz de la concesión para la gestión del agua pública en el municipio, un servicio que se privatizó durante el pasado mandato.

El actual equipo de gobierno considera esencial la personación del Ayuntamiento en estos procedimientos para “defender los intereses de los vecinos de Garrucha y garantizar la transparencia en la gestión pública”. En ese sentido, el alcalde, Pedro Zamora, ha subrayado que este paso es “fundamental para esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades que correspondan en beneficio del municipio”.

"En caso de que la Justicia finalmente dictamine la existencia de los delitos que se están investigando, que son de enorme gravedad, vamos a exigir que se depuren las responsabilidades pertinentes y que devuelvan a los garrucheros hasta el último céntimo de euro malversado", ha afirmado el alcalde.