El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que vendrá a intensificar las inspecciones en materia de prestaciones en la atención a la dependencia. Señalan desde el Gobierno andaluz que la medida, que llega respaldada por una modificación en el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales vigente desde 2008, pretende “garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones que utilizan las personas en situación de dependencia”.
En Almería son alrededor de 17.600 las personas beneficiarias de algún tipo de prestación relacionada con la atención a la dependencia y, según datos de la delegación territorial de Salud y Bienestar Social, son más de 20.500 las prestaciones concedidas en el último año.
Se da la circunstancia de que  son más las prestaciones que los beneficiarios porque, tal y como señalan fuentes de la delegación en Almería, una sola persona puede tener asignadas dos o más prestaciones. Entre éstas, pueden concederse desde una prestación económica a la ayuda domiciliaria pasando por el servicio de teleasistencia o una plaza en una unidad o centro de día.
En el ámbito de toda la Comunidad Autónoma son, a día de hoy, 251.080 las prestaciones concedidas y 183.136 las personas beneficiarias.
Los cambios introducidos por el Consejo de Gobierno se dirigen, sobre todo, a reforzar la labor de “verificación” de la calidad de las prestaciones que se ofrecen a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
Los inspectores realizaron el pasado año 74.209 visitas domiciliarias, de las que 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo. Su labor se completa con las actuaciones en centros residenciales, las comprobaciones del correcto uso de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia, y la verificación de los requisitos  administrativos para el funcionamiento y concierto de los centros y empresas de servicios.
En segundo lugar, la norma aprobada desarrolla el modelo sancionador previsto en la ley estatal para crear un sistema propio y adaptado al elevado grado de implantación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía. 
El nuevo régimen sancionador establece, para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios. Para las faltas graves, las cuantías son de 300 a 3.000 y de 30.001 a 90.000 euros, respectivamente. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.
Revisiones “a la baja”
Las revisiones, hechas oficiales ayer, han empezado ya a realizarse “y a la baja”. Al menos, así lo confirman algunos familiares de dependientes almerienses que ya han interpuesto, incluso, recursos judiciales para evitar que las prestaciones que reciben las personas con dependencia “adelgacen”. De hecho, asesores jurídicos de asociaciones de dependientes han visto aumentada sus consultas por este motivo.