El Grupo Ecologista Mediterráneo ha vuelto a demandar la construcción de una desaladora para el aprovechamiento de las aguas procedentes de la Balsa del Sapo, una inversión que serviría para solventar el problema de la acumulación de agua y evitar que el desagüe de la misma a través de ramblas o tuberías acabe por provocar perjuicios en otras zonas de la comarca o en el mar, al tratarse de aguas ‘sucias’ con riesgo de contaminar entornos en tierra y en el medio marino.
El GEM pide una reflexión en torno a la situación de la Balsa del Sapo, y lo hace por considerar una aberración lo que ha ocurrido en esta zona por no haber tenido en cuenta las consecuencias de actividades extractivas que se realizaron en Las Norias. La Balsa del Sapo era poco menos que una charca hace treinta años, cuando se realizaron extracciones masivas de tierra para abastecer a los invernaderos, sin tener en cuenta el impacto en el entorno.
Impacto ambiental
Esas extracciones, realizadas de forma irregular por empresas y particulares, no tuvieron en cuenta en absoluto los posibles impactos ambientales que se producirían y las consecuencias de esa acción irregular, sumada a la inacción por parte de las administraciones que deberían haber impedido tal barbaridad. Esa enorme ‘herida’ en el suelo se profundizó hasta niveles inferiores al acuífero, razón por la cual el agua emerge con fuerza y llena el vaso. La absoluta falta de previsión supuso también que las obras para la construcción de invernaderos taponaran las salidas naturales del agua.
El escenario actual es dramático porque la Balsa recibe el agua del acuífero superior (al estar más profunda que su nivel), las procedentes de escorrentías que ya no se reparten por otras ramblas o cauces de la comarca, los retornos de los riegos y, por si esto fuera poco, también las aguas residuales insalubres de los núcleos de población del entorno de la Balsa. En su conjunto, una acción caótica.
Un análisis económico evidencia aún más el despropósito ya que “estimamos que con la extracción ilegal de tierra se pudieron generar unos beneficios de no más de tres millones de euros” que fueron a parar a manos de las empresas que realizaron las excavaciones. Para corregir los problemas generados con esa actividad ilícita, las distintas administraciones han gastado ya no menos de treinta millones, cantidad que se verá incrementada hasta más de 70 millones una vez que se completen las actuaciones previstas por la Junta.
Absurdo económico
Para el GEM es “absolutamente demencial” esa ecuación de gastar 70 millones para corregir los efectos de esas actuaciones. Ya no se trata solo de un problema ambiental, sino de un absurdo económico, algo similar a lo que ocurre cuando no se tienen en cuenta los condicionantes ambientales, y los costes que supone a medio y largo plazo, como es el caso de la construcción en zonas inundables. Eso sí, cuando llegan las lluvias, nadie duda en considerarlas ‘desastres naturales’ tras los cuales toca pagar del dinero de todos los errores de unos pocos.
Las soluciones parciales, los ‘parches’ aplicados en los últimos años, suponen una suma constante de recursos públicos que no pueden solucionar este problema porque las fuentes que alimentan El Sapo son inagotables. Por eso “entendemos que la mejor solución es la construcción de una desalobradora porque de esa forma se estará evitando el traslado de los daños a otras zonas o a los fondos marinos, y de paso se estarán procurando nuevos recursos hídricos para el abastecimiento de los regadíos de la zona, algo mucho más rentable que la construcción de las anunciadas desaladoras que se proyectan para el Poniente y el Levante almeriense”.