Después de tres semanas ‘en blanco’, ayer se presentó en los juzgados de Almería la primera demanda civil a la que se aplicará la nueva Ley de Tasas Judiciales, un gravámen que ha levantado una auténtica polvareda entre todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.

La demanda en cuestión, que consiste en una reclamación de deuda entre particulares por razón de 22.000 euros, obligará al demandante a abonar cerca de 500 euros para poder llevar adelante su exigencia de pago. Ese dinero se reparte entre la tasa para celebrar juicio y un porcentaje en función de la cantidad reclamada, en total 430 euros, que deberán abonar el actor de la demanda si pretende continuar en su acción procesal.

Según han señalado fuentes judiciales a este periódico, el caso entró a mediodía de ayer en los juzgados almerienses, pero todavía no había sido asignado a ningún juzgado en concreto, que será de la jurisdicción civil (instancia).

A pesar de que la Ley de Tasas entró en vigor en la última semana del mes de noviembre, la falta de formularios no ha podido hacer efectiva hasta ahora su aplicación. Desde el pasado lunes, esos formularios ya están disponibles, pero los dos primeros días de la semana han pasado ‘en blanco’ hasta el día de ayer.

La queja por la aplicación de estas tasas, que afectan a las jurisdicciones civil, social (asuntos laborales) y contencioso administrativa, ha sido generalizada entre todos los sectores de la justicia, tanto jueces como abogados, procuradores y secretarios. Ninguno de ellos ha quedado al margen de una oposición en bloque a esta medida.

Todos consideran que encarecen el acceso a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución Española y que, en consecuencia, representa un retroceso en derechos para la población de este país.

Los profesionales almerienses no han quedado al margen de las movilizaciones que, organizadas por las respectivas asociaciones, se han convocado hasta el momento para mostrar la oposición frontal a la aplicación de estas nuevas tasas, así como al resto de medidas relacionadas con la reforma de la Administración de Justicia que ha planteado el Gobierno, y que incluyen la nueva Ley del Poder Judicial y el nuevo Código Penal.

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