El equipo de Gobierno veratense está tratando de desbloquear la complicada situación en la que se encuentran las ocho naves industriales que se localizan junto a la carretera de Ronda, cuyos propietarios –quienes insisten en haber abonado el coste de las mismas- no pueden ocupar porque no han concluido las obras, la zona está sin urbanizar y carecen, por lo tanto, de las licencias precisas para su puesta en marcha.

Para dar una solución a este asunto, el último Pleno del Ayuntamiento de Vera, aprobaba una proposición para “dar luz verde a la declaración de caducidad de la resolución del contrato de enajenación de la parcela municipal, suscrito con la mercantil Proda, con destino a la urbanización y construcción de dichas naves industriales.

Unanimidad
La propuesta fue aprobada por unanimidad, “aunque hubo un amplio debate, ya que el anterior equipo de Gobierno andalucista dejó morir”, tal y como apunta el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Antonio Fernández, “el expediente iniciado en septiembre de 2010, causando un perjuicio considerable a las ocho familias que hicieron una importante inversión para adquirir unas naves que todavía no pueden utilizar”.

A raíz de este nuevo paso, se inicia un nuevo expediente para resolver el contrato con la mercantil, que “según el Consejo Consultivo no cumplió los plazos. Ahora, se abre un plazo de alegaciones, transcurrido el cual se dará por resuelto dicho contrato, algo necesario para retomar este asunto”, señala el edil y portavoz popular.

Indemnización
Asimismo, la moción aprobada en Pleno contempla la incoación del expediente de indemnización de los daños y perjuicios causados y proceder a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes. Según el informe técnico de valoración, emitido en relación a las obras pendientes de urbanización y edificación, se aprueba una liquidación provisional a favor del consistorio veratense de 1,2 millones de euros.

Defensor del Pueblo
Así, el Consistorio veratense ha aprobado un nuevo expediente de resolución, “como una posible salida para acabar con este conflicto”, por el que el propio Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se ha interesado.
Chamizo, admitía a trámite la queja de un empresario local en la que exponía que esta situación suponía un perjuicio a quienes adquirieron las naves cuya construcción se inició en 2006, aunque el promotor aseguró al respecto  que realizó varias modificaciones que no les habían sido abonadas.