Tras conocer que el Instituto Nacional de Consumo ha requerido a la Federación de Asociaciones de Consumidores (Facua) la retirada de su página web de las campañas relacionadas con los recortes en sanidad y educación, desde la Unión de Consumidores de Almería-UCA/UCE, han querido mostrar su apoyo a la entidad.

Explican desde UCA/UCE  que “la postura evidenciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su oficio es absolutamente contraria con los planteamientos de libertad e independencia que defendemos para el movimiento de consumidores y usuarios, entendiendo que en el contexto actual el posicionamiento del movimiento de consumidores y usuarios en la lucha contra los recortes es un ejercicio de responsabilidad ciudadana”.

Sin base legal
Es por ello que, consideran, como Unión de Consumidores de Almería “compartimos con la Facua que no existe ninguna base legal para lo que el Gobierno de España pretende hacer, considerando esta acción un ataque directo contra la libertad de expresión e intento de censura impropio de un estado democrático”.

Lo que es más, y a pesar de que reconocen representar “diferentes modelos de actuación en la defensa de los intereses y derechos de la ciudadanía en el mercado y la sociedad”, al mismo tiempo entienden que “este ataque contra la Facua es un ataque contra el conjunto de las organizaciones de consumidores y usuarios”.

Más apoyos                                                                                                                                                 Por su parte, Consumidores Al-Andalus, ante este requerimiento del Ministerio de Sanidad ha manifestado también “su apoyo a esta Organización con la que ha venido trabajando durante muchos años, siempre en defensa y protección de los intereses de los consumidores andaluces”.

Asimismo, esta asociación reitera su conformidad con las campañas que en materia de consumo viene realizando de forma histórica, así como las realizadas en los últimos tiempos.

En el comunicado en apoyo de Facua remitido por la entidad, aseguran, además, que “se está produciendo un ataque contra la libertad de opinión, y el ejercicio de las funciones de todo el movimiento de Consumidores en general, al cuestionar la legalidad de esta Asociación para ejercer la defensa de los intereses generales de los usuarios de los distintos servicios con independencia de su adscripción al sector público o privado”.