Por primera vez en años, las deudas de los ayuntamientos con sus proveedores están a cero y, lo que es más, dentro de los plazos prometidos. Las empresas almerienses con facturas pendientes de pago, no sólo en la provincia sino en todo el país, recibían en el último día de mayo las transferencias que ponían fin a una espera que, en muchos de los casos, ha sido de varios años.

Tal es el caso de la empresa almeriense Grupo Renta Todo que tenía acumuladas facturas sin pagar en una veintena de ayuntamientos de todo el país. “El último día de mayo recibimos las 20 transferencias”, explica su director, José Luis Moreno, todavía casi incrédulo.

Moreno, incluso, reconoce que está recibiendo el pago de facturas por parte de clientes que no podían asumirlas porque también estaban a la espera de que algún ayuntamiento les pagase las deudas pendientes.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio consideran esta medida como algo positivo que “va a servir como impulso a todas las empresas del sector, sobre todo a las pequeñas”, augura Jerónimo Parra, presidente de la Comisión de Hábitat de la Cámara.

Aunque, al mismo tiempo pide cautela a la hora de comenzar otra vez con el mismo ritmo. “Hay ayuntamientos que tras el pago me han comentado la posibilidad comezar a realizar nuevas obras”, reconoce el que es también representante  de los subcontratistas de la provincia.

Otra de las dudas que le surgen, explica Parra, es “si las grandes empresas que usaban el pago de los ayuntamientos como excusa, van a comenzar a pagar lo que deben a las pequeñas empresas”.
Sin embargo, en la cruz de la moneda se encuentran compañías que poco (o nada) van a ver del dinero prestado por el Estado a los ayuntamientos para saldar sus deudas con los proveedores.

Explica Joaquín Conde, propietario de Publifiestas Conde, que en su caso así como en el de otras empresas con las que asegura haber contactado, “cuando hemos llegado al banco ya se habían quedado con el dinero que debíamos y, al mismo tiempo, nos han negado la renovación de nuestras pólizas. Por tanto, esta medida, en nuestro caso, no ha servido para nada”. En total, la deuda contraída por los ayuntamientos con esta empresa ascendía a los 600.000 euros, de los que “nada ha llegado a nuestros bolsillos”, concluye.