El recurso presentado por Telvent, concesionaria de la controvertida Ciudad Digital, contra la decisión del Ayuntamiento  de Almería de rescatar el servicio es un documento jurídicamente revelador de la posición de exigencia que la empresa muestra frente al Consistorio, pese a estar señalada por este -y por informes de las distintas áreas municipales- como incumplidora del millonario servicio para el que fue contratada.

Como desveló el grupo de Izquierda Unida la semana pasada, Telvent (en realidad una UTE vinculada al grupo sevillano Abengoa), reclama una indemnización de 22,7 millones de euros en concepto de indemnización por el lucro cesante de una concesión realizada en el año 2005 y que debía durar veinte años. A esa cantidad, añade el denominado “daño emergente” por intereses de demora y por “daños” resultantes de la ocupación por parte del Ayuntamiento de las instalaciones de la Ciudad Digital en El Toyo en octubre pasado. Estos últimos los cuantifica en otros 95.801 euros por gasto eléctrico, limpieza, aire acondicionado o vigilancia.

Uno de los argumentos jurídicos que Telvent utiliza contra el Ayuntamiento en su recurso de reposición, al que ha tenido acceso LA VOZ,  se refiere precisamente a la forma de pago de la indemnización -que el Ayuntamiento sitúa en solo 4 millones-.

La empresa exige que la indemnización sea “efectiva e inmediata” y no fraccionada y aplazada como plantea el Consistorio en el acuerdo de Gobierno de abril que rescata la concesión del servicio. “Esta disposición no responde de ninguna cobertura legal, sino que se corresponde con la estrategia del Ayuntamiento de eludir su obligación de pago a la UTE”, argumenta esta.

La concesionaria esgrime también que el Ayuntamiento no haya contemplado el pago en los presupuestos municipales, a pesar de haber iniciado el procedimiento de rescate el año pasado. En su opinión, esto pone de relieve “que el Ayuntamiento no deja de lado ninguna medida para eludir el pago o, lo que es lo mismo, aplazarlo sine die”.

No son estas las únicas razones que expone la UTE en su argumentario contra la decisión del Ayuntamiento. Alega también nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal del mes de abril por la “desviación de poder” que, su entender, supone adoptar esa decisión después de que la empresa suspendiera la prestación del servicio por impago del Ayuntamiento. También cree que el procedimiento ha caducado al haber excedido en plazos la decisión del rescate.

Pero quizá lo fundamental está en la discrepancia entre lo que el Ayuntamiento dice que Telvent ha dejado de hacer -servicios no prestados o prestados de forma deficiente- y lo que la empresa dice.
A este respecto, los informes de las áreas municipales que forman parte del expediente para la rescisión son demoledores: vienen a decir, en conjunto, que en ocho años no se ha cumplido lo contemplado en el pliego de condiciones. Pero la UTE dice que todo lo contrario, que esos informes carecen de “cualquier juicio crítico”. En el emitido, por ejemplo, por la Tesorería respecto a los gastos informáticos ‘extras’ sumidos por el Ayuntamiento pese a tener la Ciudad Digital dice que lo suministrado por la UTE “no tenía por finalidad cubrir el resto de necesidades informáticas del Ayuntamiento”. Sobre el de Cultura y Turismo, se acoge a un informe pericial que determina que los servicios estaban inacabados “por falta de colaboración del Ayuntamiento”. Sobre el mal funcionamiento de las comunicaciones de la Policía dice que ellos ya advirtieron de las limitaciones del sistema.