El férreo plan de ajuste aprobado esta semana por el Gobierno de José Antonio Griñán ha puesto a temblar a las empresas constructora de la provincia y del resto de Andalucía.
La decisión de la Junta de no iniciar ni una sola obra nueva y de reprogramar las que están en marcha consideran que tendrá un impacto económico de más de 570 millones de euros en la región.
Desde Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), a la que pertenecen firmas almeriense como Nila o Dizu, su presidente Enrique Figueroa, expresa que “con el hundimiento que padece el sector, estos recortes van a suponer la puntilla”.
En la actualidad, más de 200.000 trabajadores dependen de las inversiones en obra pública de la Junta de Andalucía y varios miles de ellos residen en la provincia.
La Consejería de Obras Públicas aún no tiene decidido qué obras serán reprogramadas -retrasadas, de hecho- en la provincia aunque todo indica que podría afectar a la Autovía del Almanzora, la Variante de Roquetas o el desdoblamiento de la Vera-Garrucha, que acumulan ya meses de retraso.
Ceacop recuerda que desde que se inició la crisis en 2008 más de 20.000 empresas constructoras de la región han desaparecido.
Los subcontratistas de obra pública de la provincia, presididos por Jerónimo Parra, serán sin duda otro de los colectivos profesionales más sensibles a este plan de ajuste autonómico. La satisfacción, por tanto, del acuerdo de pago a proveedores por parte de los ayuntamiento con créditos ICO puede durar muy poco con los recortes ya anunciado de forma oficial por el Gobierno autonómico.
Desde 2009, el recorte de obra pública autonómica sobrepasa los 3.000 millones de euros.
La directiva Federación de Empresarios de la Construcción (Fadeco) ha emitido también un comunicado en el que consideran que el parón de las infraestructuras supondrá  que el paro aumente en más de 70.000 personas.