Condenado un exconcejal del PSOE vicario por la agresión a otro del PP
Cinco años después de los hechos la juez dicta el auto que le condena a seis meses de multa

Julio vargas, ex concejal del Ayuntamiento de Vícar.
Han tenido que pasar cinco años, realizarse numerosos actos judiciales y salvar situaciones delicadas, pero finalmente la magistrada titular del Juzgado de lo penal número 4 de Almería dictaba el pasado 30 de enero sentencia condenatoria por una agresión ocurrida en la localidad de Vícar.
Los implicados en el suceso, que tuvo lugar a las dos menos cuarto de la madrugada de la Noche de Reyes de 2013, fueron un concejal del Partido Socialista, Rosendo Martínez, que finalmente se declararía autor de la agresión, y el que en ese momento era portavoz del grupo municipal del PP, Julio Vargas Romero.
Los hechos
Según se recoge en los antecedentes de la sentencia, el agresor, que ya dejó de ser concejal del Ayuntamiento vicario, “abordó a Julio Vargas cuando ambos se encontraban presenciando la Cabalgata de Reyes, exigiéndole la entrega del teléfono móvil con el que al parecer estaba grabando imágenes”.
Ante le negativa del portavoz popular de entregarle el teléfono, “el acusado le agredió dándole un puñetazo en el ojo y otro en la boca, que Julio José trató de esquivar protegiéndose con su mano izquierda”, señala la sentencia como "hechos probados”.
Como consecuencia de los golpes, el agredido sufrió un esguince en la articulación interfalángica del tercer dedo de la mano izquierda y un edema retiniano macular en el ojo izquierdo que precisaron tratamiento médico y tardó en curar treinta días.
El proceso
Estos hechos serían finalmente reconocidos por el agresor, pero a lo largo de estos años se produjeron numerosas actuaciones judiciales, declaraciones y dictámenes que han prolongado el proceso durante cinco años.
Y eso que el juzgado quiso acelerar lo más posible el proceso ya que sólo unos días después del incidente citó a las partes a juicio. Y en ese juicio se declaró el caso como sobreseído por incomparecencia del denunciante. Julio Vargas explicó que a esa misma hora le había citado el forense para determinar los daños originados, “por lo que no podía estar al mismo tiempo en el juicio y cuando llegué, me encontré con la sorpresa de que ya se había celebrado y se había sobreseído; evidentemente lo recurrí”.
La sentencia
Tras ese primer fallo el entonces presunto agresor dijo que la denuncia era totalmente falsa y que, por lo tanto, no hubo agresión. Vargas, la víctima, afirma que desde entonces hubo de soportar “mentiras e infamias hacia mi persona y allegados; han sido cinco años en una situación difícil hasta que la Justicia ha conseguido cerrar el caso y demostrar que los hechos que generaron este caso eran ciertos”.
Julio Vargas lamenta que varios concejales del mismo partido de su agresor, presentes cuando se produjo el incidente en aquella noche de Reyes no fueron fieles a la verdad, manifestando versiones de los hechos contradictorias para intentar exculpar al agresor, en aquellos momentos portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento. En la actualidad, es concejal de Servicios Públicos Urbanos, Actividades Lúdico-Sociales y Festejos, además de quinto teniente de alcalde.
Fallo final
Finalmente el agresor reconoció en sede judicial la veracidad de los hechos denunciados, probablemente porque con la comprobación de las lesiones el caso pasó de ser un juicio de faltas a un delito de agresión, un procedimiento penal. Ese cambio procesal tipificaba el delito y recogía una condena que oscilaba entre los seis meses y los tres años de prisión.
El cambio de calificación en el procedimiento llevó al fiscal a solicitar una pena de nueve meses. Sin embargo en los instantes previos a la celebración del juicio, el pasado 30 de enero, las partes se reunieron para llegar a un acuerdo. Los abogados de Vargas exigieron el reconocimiento de los hechos por parte del agresor. Finalmente el acuerdo se produjo y la petición de condena, aceptada por los representantes legales del acusado, fue de seis meses de multa, a razón de seis euros diarios para un total de 1.080 euros para la víctima.
Vargas asegura que el dinero era lo de menos, “lo importante para mi era obtener justicia con el reconocimiento del delito y que finalmente la verdad prevaleciera ante tantas mentiras e infamias”.