Por primera vez en la historia, una mujer presidirá una comunidad de regantes en la provincia de Almería, en este caso, la de Rambla Morales, que se encuentra en el ojo del huracán. Se trata de Iluminada Fernández, que, para rizar el rizo de las paradojas, es la esposa del expresidente, Antonio García Pardo, a quien los propios órganos directivos de la Comunidad le tiene presentada, junto a algunos de sus colaboradores, una querella criminal por estafa, falsedad documental y apropiación indebida. A partir de ahora, Fernández tendrá que hacer frente una deuda de más de 100 millones de euros con La Caixa por los vencimientos de pago de las obras de la desaladora. La asamblea, celebrada ayer en la sede de la Comunidad, transcurrió con normalidad salvo que no se presentó el otro candidado que había presentado sus credenciales a la presidencia, Sebastián Román (Arrecife del Faro), hasta hace poco vicepresidente y encuadrado en el equipo del dimisionario Juan Garrido. Fuentes de la propia Comunidad aseguran que Román no ha llegado a plantear su candidatura al recibir presiones de la Asociación de Perjudicados de Rambla Morales, que fue quien propuso el cese de Garrido y se mostró disconforme con vender la desalada a Acuamed e incluso ha presentado recursos para abandonar la entidad al no estar de acuerdo con las decisiones que se tomaron desde la época de García Pardo. Ningún miembro de este colectivo crítico ha presentado candidatura a la presidencia y de los más de 500 comuneros solo asistieron ayer a la asamblea poco más de 30. Iluminada Fernández obtuvo en torno a 45 votos, la mayoría de ellos en manos de una sola persona, Antonio Rivera, por la dimensión de sus terrenos en el Kilómetro 21. Rivera fue además vicepresidente de la Comunidad en la época de García Pardo, aunque, por ahora, no está imputado por el juez en este caso. Ahora, sus votos han resultado decisivos para la elección de la mujer de su excompañero en las judicializadas tareas de gobierno. Alguno comuneros echan en falta la obligación de tutela que tiene la Junta de Andalucía en la situación de Rambla Morales.