Hace años, el entonces comisario jefe, Rafael Madrona, alertó de un incipiente peligro que comenzaba a desplegarse por la provincia. Era una actividad delictiva entonces apenas perceptible, situada en un desierto legal que facilitaba un nivel asumible de riesgo y revestida de una estética cercana al romanticismo naif. El cultivo de marihuana era una actividad para la que no había tipos penales definidos y quienes se dedicaban a su cultivo y eran detenidos cumplían el tópico de entrar por una puerta del juzgado y salir por otra.

Ha pasado el tiempo y aquella previsión policial ya ha pasado de ser un monocultivo familiar cercano a la extravagancia del hipismo y que solo aparecía en los medios de comunicación cuando dejaban a una calle o un barrio sin luz por la acumulación de enganches ilegales, a un entramado de alta rentabilidad vertebrado en torno a clanes de extremada peligrosidad.
El cultivo incipiente de maríhuana que instalaba sus fábricas indoor en casas o almacenes distribuidas en los barrios periféricos de la ciudad es ya una actividad cercana a una industria vertebrada por clanes y familias en la que aquel exotismo, con tanta estética falsamente inofensiva como tan bien remunerado, ha acabado en estructuras y comportamientos mafiosos, organizados y asentados en zonas urbanas y agrícolas en cualquier comarca y con asumidos comportamientos de extrema violencia.

Como en la distribución geográfica de la Camorra napolitana, cada clan familiar tiene su territorio, y los conflictos aparecen cuando alguna “familia” intenta traspasar los límites de otro clan. La piovra- el pulpo- se ha hecho mayor y ha extendido sus tentáculos por todo el territorio. Por recorrer solo las últimas semanas, las operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra el cultivo de marihuana han tenido en El Ejido, Pechina, Gádor y Los Vélez algunos de sus escenarios. En la comarca de Poniente se han llegado a desmantelar bosques de marihuana, alguno en sitios tan aparentemente sorprendentes como la periferia de Almerimar.

El responsable del área de sucesos de este periódico, Víctor Navarro, sostiene que “el cultivo del cannabis se ha convertido en la provincia en un negocio boyante que trasciende fronteras y que atrae las “inversiones” de clanes extranjeros. Ya no es una industria autóctona. La Memoria de la Fiscalía señala su procedencia de lugares tan alejados como Albania, Países Bajos o Lituania”.

Frente a esta situación, la Guardia Civil y la Policía han desarrollado y están desempeñando un excelente trabajo profesional. Las incautaciones de droga, los desmantelamientos de plantaciones, la incautación de narcolanchas y la detención de personas vinculadas a las organizaciones están cercando al narcotráfico y sus entornos. Pero no es suficiente.

En el ecosistema delictivo los perseguidores van siempre detrás de los perseguidos. Y no aludo solo a la lógica de la acción policial. Los medios con que “los malos” se pertrechan para llevar a cabo sus acciones criminales son siempre más modernos y mejores que con los que cuentan las fuerzas de seguridad. En la batalla cotidiana entre unos y otros disponen de tecnología, logística y asistencia jurídica de excelente cualificación, y eso les pone en una situación de ventaja a la hora de la contienda.

Para Juan Marfil, abogado experto en Derecho Penal que lleva trabajando decenios en esta área, “uno de los retos más importantes con que se enfrenta la lucha contra el narcotráfico es que estas mafias se están dotando de un materiales y objetos logísticos tremendamente sofisticados y de última generación, incluso a nivel armamentístico ya supone una realidad patente la posesión, por parte de estos grupos, de armas de guerra, con el extraordinario peligro que ello comporta para los investigadores y para la sociedad en general”. Y es que ya se sabe: quien compra un arma es porque está dispuesto a utilizarla.

Aquel peligro incipiente que avistaba desde su despacho en la avenida del Mediterráneo el comisario Madrona es ya un “Pulpo” que ha extendido sus tentáculos por la provincia. De que no siga creciendo todos somos responsables: el Gobierno porque debe dotar de más medios humanos y técnicos a quienes se enfrentan a el, y algunos ciudadanos porque, aunque sean conscientes de su existencia por cercanía a los entramados de producción, caen en el error de cultivar la complicidad del silencio.
Por miedo a veces, pero, también y en muchas más ocasiones, porque de forma indirecta ya han pasado a formar parte y a disfrutar del narcobienestar que ha llegado a algunas calles y algunos barrios.
La Camorra napolitana no puede llegar a instalarse en Almería. Ya estamos avisados.