Existe un problema de articulación de un modelo de Estado en España que no se ha resuelto. Los nacionalistas lo están aprovechando para desviar la atención de la mayoría de la población. La realidad es que las tensiones territoriales están sirviendo para que las burguesías locales y la central oculten no sólo su propia responsabilidad en la crisis, sino para que sitúen la solución de los problemas de la mayoría de la gente en clave de confrontación territorial y no como conflicto de clase social. Este peligro es real y se extiende con fuerza y rapidez. Si no se logra una estructura política, administrativa y jurídica en la que ningún/a español/a se vea sometido o disminuido en su forma de vida, si no se consigue construir un Estado integrado por el conjunto de todos sus pueblos, donde éstos se sientan libres e iguales, formando parte del mismo Estado sin imposiciones, difícilmente se evitará que tanto las burguesías periféricas como la central se apropien de esos sentimientos nacionales en beneficio propio.
Se debe abordar una propuesta que plantee soluciones al grave problema de los desequilibrios sociales y territoriales, de manera que la clase trabajadora y las fuerzas de progreso consigan ser el factor determinante en el desarrollo político y económico del modelo de Estado y hacerlo en la línea de que la salida de la crisis no está en el enfrentamiento territorial entre Cataluña y Andalucía. La salida a la crisis está en cambiar el modelo social y económico, desde una redistribución de la riqueza en beneficio de quienes crean con su trabajo la riqueza de España, pero al mismo tiempo la alternativa debe permitir la realización de las identidades sociales, culturales y políticas de los diferentes pueblos que componen la diversidad nacional en España. Cada pueblo ha de desarrollar en positivo sus diferencias, su identidad, como elementos de riqueza social, cultural y política.
Es necesario defender un gran pacto federal entre los distintos pueblos del Estado que parta de la premisa de que la riqueza común de España, la que proviene de los recursos naturales y de la fuerza del trabajo sea distribuida de una forma solidaria.
La fiscalidad no debe ser un problema de territorios tal como plantea CIU, sino de clase, puesto que no es Cataluña la que aporta, sino los contribuyentes catalanes, vascos, andaluces etc... Con una fiscalidad progresiva donde pague más quien más tiene habría ingresos suficientes para atender las necesidades de todas las comunidades.