Se las dan de progres, de rupturistas y de novedosos, pero son más rancios y más previsibles que una reposición de “Verano Azul”. Me refiero, naturalmente, a esa célula de pensadores y estadistas que se reúne en torno a la figura-modelo de doña Susana Díaz en el Consejo de Gobierno Andaluz. Como ya no quedan esferas de la vida en donde la Junta de Andalucía no haya nidificado su mensaje de registro y supervisión, ahora pretende ir más allá (casi “al más allá”) y extender su control hasta nuestro último aliento. La nueva ocurrencia de la Junta de Andalucía, formulada como proyecto de Ley, es impedir que los andaluces que vayan a morir “previsiblemente” en el plazo de un año dispongan libremente de su dinero. La explicación de este ramalazo castrista estaría en evitar los fraudes. Es decir, que la misma administración que ha sido incapaz de detectar el saqueo que se gestaba dentro de sus propios despachos (los ERE, Invercaria, Mercasevilla…) quiere vigilar lo que sucede en la puerta de los tanatorios. No me digan que no son unos cachondos. Y es que tiene mucha gracia que la misma administración que tan descuidada ha sido a la hora de marisquear el fraude entre sus sindicatos cómplices quiera venir ahora a revolotear sobre los moribundos para evitar que ni vivos ni muertos puedan escaparse de sus necesidades recaudatorias. Pero lo mejor de todo es que Susana Díaz, que es presidenta de Andalucía gracias a la vieja fórmula romana de la herencia, quiera venir ahora a sacar tajada de las trasmisiones familiares que puedan hacerse antes de los fallecimientos y que siga manteniendo en Andalucía figuras impositivas que han desaparecido en otras comunidades. ¿Qué impuesto de sucesión pagó doña Susana por recibir el cargo de Presidenta? A este paso y dado el estado canino de las arcas andaluzas, la presidenta Díaz acabará creando la figura del “puntillero fiscal” para acelerar plazos y hacer caja. Pero de madera.