Se ha trasladado a la sociedad un cierto pesimismo respecto de la capacidad y sentido de la responsabilidad de la clase política, que queda situada en la menor escala de su historia, en términos de valoración ciudadana, atendiendo la opinión que reflejan las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta cuestión llena cada día los espacios informativos y de tertulias de la mayoría de los medios de comunicación.

La pasada semana les decía que tal vez se deba a que, en ocasiones, el hacer -o el no hacer- político se vislumbre inadecuado, en las formas o en el fondo, en los tiempos o el alcance, o en el modo en que las decisiones, que en mayor o menor medida nos afectan, se perciben o comunican, y reproducía el acertado pronunciamiento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galardón, durante su intervención en la Escuela de Verano del PP, quién advertía que “tenemos que dar un paso al frente y ser transparentes, exigentes y sinceros porque si no, la gente no vendrá al proyecto al que les convocamos”, y aseveraba que la “obligación” de los políticos actuales es “no dar la espalda y resolver las justificadas preocupaciones de los españoles”.

Este sano ejercicio de autocrítica no puede dejar de ser valorado, y si bien han comenzado a darse tímidos pasos -adelgazamiento de estructuras substanciadas en lo público, reducción del número de concejales en los Ayuntamientos y limitación de sus sueldos, centralización de las administraciones locales de reducida dimensión uniendo competencias, medidas de aplanamiento y reducción de las estructuras políticas que gobiernan las instituciones, como la reducción a la mitad del número de diputados autonómicos y que éstos no perciban sueldo planteada en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha- que necesariamente han de ser apreciados, sin embargo, se tornan insuficientes.

Los políticos que democráticamente hemos elegido están obligados a gobernar con la mayor garantía de capacidad y responsabilidad. No es potestativo. Pero también quienes ocupan los escaños de la oposición. Los esfuerzos por sumar confianza ciudadana para ganar las próximas elecciones no pueden ejercerse desde una estrategia de derribo, sino desde la labor de control, el ejercicio crítico, la asunción del papel que toca jugar, la generación de ilusión y confianza en el proyecto político, la demostración fehaciente de poder hacerlo mejor. Esto es esencial para el desarrollo de nuestra joven democracia. Pero no siempre ocurre.

Alfredo Pérez Rubalcaba no respetó esta máxima al afirmar que al PSOE no le asustan las referencias a los federalismos y que están dispuestos a abrir este debate. Con independencia de su procedencia o no en aras de la necesidad de aunar esfuerzos para generar confianza en España, de ser certera su propuesta de abrir tal debate no puede presentarse de forma ambigua. Y lo sabe. Porque las propuestas de los partidos nacionalistas pueden o no parecer acertadas, pero la propuesta sin propuesta de Pérez Rubalcaba ha abierto la puerta a la incertidumbre y es irresponsable e insensata.

Si bien Artur Mas ha jugado una peligrosa carta, nada casual, polarizando posturas y radicalizando respetables sentimientos nacionalistas, su estrategia ha venido a enfrentar a la ciudadanía española polemizando en el peor momento. Y Alfredo Pérez Rubalcaba ha servido un comodín que, amén de generar fisuras en el PSC que no ayudarán en sus resultados electorales en Cataluña, ha sembrado más incertidumbre y eliminado de la esfera cualquier posibilidad de transmitir un mensaje responsa