Las palabras pronunciadas, hace un par de semanas, por Juan Rosell, presidente de la CEOE, sobre los funcionarios –“Quizá es mejor ponerles un subsidio a que estén consumiendo papel y teléfono”- han soliviantado a todos los sindicatos. Y con razón. Son palabras injustas porque generalizar siempre es injusto. Pero, en lo fundamental, la duda persiste: ¿sobran funcionarios? Veámoslo. En España hay 2.530.956 empleados públicos. En Andalucía, 499.974, el 19 por ciento del total nacional, distribuidos de la siguiente forma: 257.234 (51,44 por ciento) son de la Junta, a la administración local corresponden 130.415 (el 26 por ciento), 92.408 son empleados del Gobierno central y 19.917 personas dependen de las universidades públicas. Por provincias, Sevilla es la provincia que concentra mayor número, con 120.806, y las que menos, Almería (37.806) y Huelva (33.631). España tiene un funcionario por cada 17,79 habitantes. La media en la Unión Europea está en los 16,89.

Queda patente que, en comparación con los países de nuestro entorno, la administración pública española no está sobredimensionada. Otra cosa es la distribución. Aquí, sí se tiene la percepción de que no es la adecuada. Por poner un ejemplo, mientras hay despachos con las mesas apelotonadas y sus ocupantes disfrutando de largos ratos de ocio hay centros de salud con un solo médico, dejando el centro desasistido en caso de tener que atender a una urgencia. Clamoroso es el caso de algunos servicios municipales de urbanismo. Se llenaron de técnicos con el boom inmobiliario y allí siguen, sin nada que hacer. En resumen, en el cómputo global no sobran funcionarios en España, pero la distribución es más que deficiente.