Con la nueva ley que pretende regular la contratación del sector público, el gobierno pretende dotar de una mayor transparencia a la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que en su globalidad suponen aproximadamente un 20% del PIB: unos 200.000 millones de euros. Dicha ley, básicamente suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, obliga al uso de la facturación electrónica, hace descansar la responsabilidad de la contratación sobre la figura del funcionario y no del político y posibilita el pago directo de la Administración a los subcontratistas.
Así, se simplifica la burocracia,     se permite atender a obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, garantiza un mayor control en los procesos de adjudicación al crearse la figura de responsable del contrato y reduce el margen de las administraciones para adjudicar directamente contratos a un prestador de servicio en los conocidos como 'contratos menores'. Como limitación impone que un organismo no puede contratar con una empresa durante un año contratos menores que sumen más de 40.000 euros si es obra o 15.000 si son servicios.
Pero este ejercicio de transparencia choca directamente con el sentido común cuando limita el uso de la negociación por precio (es decir, que el precio ya no es determinante) y exige que entre los criterios de adjudicación previstos no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total. O sea, que en la contratación de un arquitecto, de un pintor o de un músico, deberán quedar claramente establecidos los criterios que hacen propicia su contratación y estos deben ser medibles en un 75%. Interesante cuestión la que plantea esta ley, que pone en el mismo plano a la construcción, a la publicidad y a la cultura… por ejemplo… que tienen naturalezas y motivaciones distintas…
Como contrapartida, prevé la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la economía social, como empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, lo que supone una excelente  oportunidad para configurar un modelo económico más humano.
Es evidente que se quiere acabar con la corrupción porque Europa llevaba mucho tiempo solicitando que en estos contratos se aplicaran los criterios que imperan en la Comunidad, y espero que esta ley no suponga un corsé para la contratación y mucho menos para los servicios y suministros contratables. Todos sabemos que esta ley no va a suponer un problema para que siga cultivándose el amiguismo, pero no tendría sentido que la gente honrada que ahora está trabajando, tuviera problemas a partir del 9 de marzo. ¡Ya veremos!