El Ayuntamiento de Níjar (PSOE+IU) multará a los usuarios de las playas del Parque Natural que se bañen cuando haya bandera roja. Para la alcaldesa, la socialista Esperanza Pérez, se trata de una medida destinada “a mejorar la seguridad de las playas y disuadir y concienciar a la gente para que pueda estar en ellas sin problemas.” Se trata de una medida que aplaudo, aunque sé que lo de las multas es algo que enoja y enfurece a casi todo el mundo. Pero llega un momento en que los ayuntamientos no tienen más remedio que recurrir al principal (y acaso único) argumento que tiene capacidad real de persuasión: tocar la cartera al personal.  Recordemos que hace apenas un par de veranos se produjeron en esas mismas playas diez o doce muertes debidas a dos factores: la sorprendente imprudencia de los turistas más despreocupados y la habitual ausencia de servicios  de vigilancia, una dejadez que empezó a corregirse el pasado verano con acierto.
Pero la noticia no está en que el Ayuntamiento de Níjar haga lo que tiene que hacer. La noticia, tal como uno lo ve, está en el silencio con el que el Gabinete de Deontólogos de Guardia ha acogido la aprobación de esta medida coercitiva. Ni protestas, ni campañas en redes, ni mociones, ni duelos con sombrilla y chancla. Llama la atención ver callados como lubinas a los mismos que, por ejemplo, tocaron el cielo con las manos cuando el Ayuntamiento de Mojácar (PP) anunció multas a los protagonistas de desmanes y vocingleríos etílicos, prohibiendo ir en bañador por todas partes. Entonces, el portavoz del PSOE mojaquero, Manuel Zamora, llegó a calificar esa medida como “fábrica de destrucción de turistas”. Ahora  esos defensores del libre albedrío estival están más callados que las muñecas hinchables que tan bellos momentos protagonizaban en las rumbas callejeras a las que se quiso poner freno. Ya sé que es triste multar, pero más triste tener que enterrar a alguien por darse un chapuzón en mitad del levantazo.