El PSOE no se pronunciará sobre el Caso facturas hasta que los jueces determinen si hay o no irregularidades

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería, Esperanza Pérez, ha insistido en que su partido no se va a pronucniar sobre el caso de las presuntas facturas falsas del Patronato Provincial de Turismo hasta que los jueces dictaminen si ha habido o no irregularidades. Pérez ha defendido su silencio, diciendo que ellos no van a ser "juez y parte, como sí lo han sido otros" y que, por tanto, no se pronunciarán hasta que los tribunales se pronuncien.

La diputada socialista ha hecho estas declaraciones tras conocer ayer que la Fiscalía Provincial ha oficiado a la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para que elabore un "amplio informe" sobre los hechos recogidos en la denuncia del equipo de gobierno de la Diputación de Almería ante posibles irregularidades detectadas en facturas del Patronato de Turismo durante el mandato del PSOE.


El PP remitió a la Fiscalía en enero un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por este órgano y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.

Viena, Londres, o Zurich

En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación.


Al tiempo, se adjunta un informe del Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito, y en el que se alertaba de que "no se justificaban lo suficiente".


Fuentes judiciales han indicado que el decreto del fiscal, dictado el 26 de febrero, resuelve, tras un primer análisis del citado expediente, y en el marco de las diligencias de investigación penal incoadas, ordenar a la Unidad de Policía Judicial la elaboración de un "amplio" informe que "acote y ahonde" en los hechos denunciados.


A la vista del informe policial, la Fiscalía Provincial valorará si existen indicios de "entidad suficiente" para proceder a formular la denuncia que judicialice el conocido como Caso Facturas o si procede el archivo, aunque no es descartable que se pueda ordenar la practica de alguna otra diligencia de investigación penal.

Mientras, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha dicho que la Fiscalía está haciendo su trabajo y que ellos siempren han defendido que si había dudas sobre posibles irregularidades, debía ser el juzgado quien se pronunciara.

Control de asistencia digital

Según informó el equipo de gobierno de la Diputación entre la documentación entregada al Ministerio Público figura el registro por control de huellas dactilares correspondiente a los trabajadores a los que se atribuyeron los viajes bajo sospecha y que revelaría que, en ese rango temporal, "acudieron a su puesto de trabajo" y, por tanto, no realizaron dichos trayectos.


García apuntó, asimismo, que, en uno de los casos denunciados, constan facturas de un viaje a Londres entre el 6 y 11 de noviembre de 2011 de las que solo una, relativa a la persona que lo realizó, está justificada, mientras que otra factura por valor de 11.000 euros "no se sabe" a quien pertenece.


También se refleja en la documentación aportada por la institución que se emitieron también bajo mandato del PSOE presuntamente facturas por valor de 9.700 euros por un viaje a Edimburgo, en el que "no hubo nadie" y la existencia de otras facturas que ascienden a 4.123 euros correspondientes a 34 noches de hotel en Madrid en torno a la Feria Internacional del Turismo (Fitur).


Entre los documentos trasladados al Ministerio Público se encuentran también la propuesta de acuerdo del exvicepresidente del Patronato de Turismo Luis Pérez Montoya (PSOE) relativa a 2010, el informe jurídico de la jefa del servicio jurídico y administrativo del órgano, la relación contable de facturas que se sometieron a probación por parte del consejo ejecutivo, donde se especifica el concepto, el importe de las mismas, y las personas que supuestamente realizan esos viajes; y, por último, una declaración jurada de una trabajadora que dice no haber realizado dichos viajes.