Decenas de alumnos sordos llevan dos meses sin intérpretes de lengua de signos

Decenas de alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Almería llevan dos meses sin intérpretes de lengua de signos y sin poder acceder, por tanto, a clases vía telemática, después de que la Junta de Andalucía interrumpiese el servicio cuando acordó el cierre de los centros educativos. 

Desde entonces, la veintena de intérpretes que trabajan para los institutos y centros de formación de la provincia siguen dados de alta en sus empresas, que están contratadas a su vez por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), pero sin trabajar, como ellos hubieran querido, y como hacen los profesores de los centros, que imparten sus materias de forma telemática al resto de estudiantes.

El pasado 19 de marzo, la Dirección General de la APAE dejó sin efecto mediante una resolución la suspensión de los contratos de los servicios complementarios acordada cinco días antes, entre ellos  el servicio de interpretación de lengua de signos para los alumnos con discapacidad,  “como medida orientada al mantenimiento del empleo y de la viabilidad económica de las empresas”. En virtud de ello,  se acordó la “no suspensión del contrato y  se da lugar al pago de las nóminas de todo el personal adscrito a la prestación del mismo, aun cuando no se preste el servicio durante la vigencia del estado de alarma ”. 

Pese a esta resolución, los intérpretes han denunciado a La Voz que, aunque sí percibieron sus nóminas de marzo, a día de hoy no han cobrado aún la de abril. “La empresa nos dice que la Junta alega que no dispone de dinero y que ella no puede pedir un préstamo para pagar a sus empleados, algo que  nos parece lógico”, dice una intérprete que trabaja en el IES Azcona de la capital, centro de referencia en el que estudian alrededor de una treintena de alumnos de Secundaria y Bachillerato de la provincia con discapacidad auditiva. 

Los trabajadores dicen no comprender la falta de disponibilidad económica de la Junta, cuando entienden que la financiación de este servicio procede de una subvención europea.

“Además de dejar sin este servicio a muchos niños que podrían continuar sus estudios de forma telemática, nos están dejando a los intérpretes en una complicada situación”, dice esta trabajadora almeriense, puesto que los empleados perciben alrededor de 1.000 euros mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas.

Los intérpretes almerienses afirman que han intentado ponerse en contacto con la Agencia Pública Andaluza de Educación que, sin embargo, “no ha dado respuesta”. 

Mientras la Oficina del Defensor del Menor en Andalucía ya ha interpuesto una queja de oficio por la suspensión del servicio, la Junta ha mantenido en distintos medios que ya está realizando los trámites necesarios para reanudarlo y para tramitar los pagos pendientes.