La Junta contacta con la mujer de 101 años sin dependencia tras su denuncia

El caso llega al Parlamento, e Iguadad dice que la resolución del expediente es inminente

Un momento en la Comisión de Igualdad de este jueves en el Parlamento andaluz.
Un momento en la Comisión de Igualdad de este jueves en el Parlamento andaluz. La Voz
Miguel Cabrera / La Voz
07:00 • 14 feb. 2020

Una profesional del Servicio de Valoración de la Dependencia de la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales en Almería ha contactado este jueves, apenas horas después de la publicación de la noticia en este periódico, con la mujer de 101 años que lleva desde febrero de 2019 esperando a ser valorada, para intentar agilizar la resolución de su expediente.




La familia de esta mujer denunció en La Voz que seguía sin noticias de la valoración, a pesar de su precario estado de salud, puesto que necesita de silla de ruedas y de la administración de oxígeno durante 12 horas al día, al padecer una grave dolencia coronaria que le llevó a sufrir hasta cuatro infartos en una sola semana del año pasado.



Valoración inminente El delegado territorial de la Consejería, Antonio Jiménez (Ciudadanos), ha informado de que ya estaba previsto que su valoración se realizara “de forma inminente”. “Me consta que esta misma mañana -por este jueves-, la valoradora se ha puesto en contacto con la familia de la interesada”, explicaba el delegado, quien, no obstante, cree que en este caso no se ha producido ninguna irregularidad, aunque la normativa andaluza establece un plazo máximo de seis meses para que se realice dicha valoración. “ Debo decir que se ha seguido en todo momento el procedimiento administrativo requerido para su atención, desde la recepción de su expediente”, asegura.




Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero, Juan Marín (Cs), quien precisamente visitó también ayer Almería, aseguró que la Administración andaluza iba a estudiar el caso de esta mujer para "ver si se puede actuar de una forma un poco más ágil y más rápida", como recoge Europa Press.




"Desgraciadamente hay muchísimos andaluces que han fallecido durante estos últimos años y que no han recibido ninguna contestación pero estoy convencido de que se harán todas las gestiones para, en este caso, poder valorarlo", añadió en declaraciones a los periodistas.



También afirmó que lo "importante" frente a que tenga "101, 104 ó 95 años" es qué "necesidades tienen las personas" y, sobre todo, "en qué momento se encuentra ese expediente". "No creo que la edad tenga mucho que ver aunque pensemos que, probablemente, cuando le llegue, ya no la va a poder recibir", apuntilló en referencia a esta mujer, que nació el 24 de diciembre de 1918.




Fueron sus dos hijos los que presentaron el 21 de febrero de 2019 la solicitud para la dependencia, después de varios años en los que pagan los gastos -más de 2.000 euros mensuales- de dos cuidadoras que atienden a su madre los siete días de la semana. Al no recibir respuesta, el pasado 5 de febrero presentaron una queja ante la Delegación provincial y pidieron una cita con el delegado territorial para reclamarle que se agilizara el expediente.



Al Parlamento Además de las reacciones de Marín y Jiménez en Almería, el caso de esta anciana ha llegado a la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz, donde la diputada del PSOE de Almería Noemí Cruz exigió al Gobierno de PP y Cs que cambie la gestión “cruel y lamentable que está haciendo de la ley de dependencia, del que es un ejemplo claro el caso de la mujer almeriense de 101 años que lleva más de un año esperando a que se resuelva su expediente”.


 Cruz ha tachado de “indecentes” las declaraciones de Juan Marín antes mencionadas, que tildó de “indignas”, al tiempo que subrayó que, a su entender, “no han sido un lapsus del vicepresidente de la Junta, sino que transmiten de manera fidedigna lo que le importan a la derecha los servicios públicos”.


En el transcurso de  la Comisión, la parlamentaria socialista ha exigido a consejera del ramo, Rocío Ruiz, que “cambie radicalmente su gestión de la dependencia”, al entender que está centrada “exclusivamente en titulares falsos”, mientras “deja realidades crueles para muchas personas”.


La parlamentaria socialista almeriense  ha lamentado que la consejera “presuma” de una gestión de la Ley de Dependencia “que sólo ha conseguido que, en Almería, las listas de espera hayan crecido un 70%. Y  ha recordado, a continuación, que “en el primer año de gobierno de las derechas en Andalucía las listas de espera de la dependencia en la provincia de Almería se han disparado, hasta el punto de que actualmente hay más de 8.500 personas pendientes de recibir una prestación”.


Más de 104 millones en AlmeríaPor su parte, Rocío Ruiz destacó que su departamento ha abonado más de 1.200 millones de euros en todo 2019 en prestaciones y servicios de Dependencia y que la provincia de Almería ha recibido en 2019 más de 104,5 millones de euros en prestaciones y servicios de Dependencia.


Respecto a Andalucia, concretó que se pagaron más de 531 millones de euros a  entidades locales, más de 375,7 millones a las del Tercer Sector, y cerca de 287 millones a personas beneficiarias de  prestaciones económicas”.


Por otra parte, Ruiz ha resaltado que gracias al plan de choque puesto en marcha por su Consejería se han  "alcanzado máximos históricos en el número de personas atendidas (220.375 personas beneficiarias a cierre del año pasado) y 293.661 prestaciones, de las que el 75,4% corresponden a servicios, que supera la media nacional (69,7%) y 24,6% a prestaciones económicas”.


Además, entre abril y diciembre de 2019, se ha producido, añadió, un incremento neto de 10.071 personas beneficiarias y 16.652 prestaciones. La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado a modo de balance que “el año pasado se han grabado un total de 114.143 solicitudes tanto iniciales como de revisión, frente a las 90.161 grabadas en 2018”.


Pacto de Estado Durante su comparecencia en Comisión, Rocío Ruiz ha detallado también sobre el acuerdo aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno por el que se insta al Ejecutivo central a realizar un Pacto de Estado en defensa y garantía del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.


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