La Ley 12/2021, conocida como Ley Rider, obligó a las plataformas de reparto a reconocer a sus trabajadores como asalariados, poniendo fin a la figura del falso autónomo. Glovo resistió la norma durante años y acumuló, según datos publicados, más de 200 millones de euros en sanciones de la Inspección de Trabajo y cotizaciones impagadas a la Seguridad Social, además de la imputación penal de su CEO. La laboralización efectiva no se completó hasta el 1 de julio de 2025.

Lo que describen los repartidores de Almería sugiere, sin embargo, que el cambio contractual no ha traído consigo una transformación real de las relaciones laborales en la empresa.

El proceso que llevó a la elección de los 13 delegados del comité el 27 de enero ilustra esa resistencia. Desde el preaviso del 5 de noviembre de 2025 hasta la jornada de votación, la empresa interpuso tres impugnaciones y opuso sistemáticas dificultades para acreditar la existencia de un centro de trabajo, depurar el censo o constituir la mesa electoral. Dos laudos arbitrales desestimaron los recursos, pero el calendario se retrasó casi dos semanas.

La incertidumbre sobre la plantilla real no se resolvió: la empresa manejaba 280 trabajadores, la Seguridad Social certificaba 315 en noviembre y los ficheros del preaviso ascendían a 415. Glovo no aclaró la diferencia.

Ese déficit de transparencia es uno de los ejes del pliego de exigencias aprobado por el comité. La plantilla trabaja bajo un convenio colectivo del sector de mensajería de 2006 que, según denunció la secretaria del comité, Daniela Castro, se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional vigente.

A ello se suma un sistema de sanciones económicas automatizadas —descuentos por minutos de pérdida de cobertura GPS, por salir del perímetro de reparto o por superar los tiempos de entrega estimados— que los trabajadores consideran arbitrario e incontestable. La tarifa base ronda los 8,90 euros la hora; cualquier incidencia del algoritmo recorta directamente esa retribución sin mecanismo de alegación ágil.