Todos los almerienses pagan desde hace un lustro un impuesto por depuración de aguas a la Junta de Andalucía de cuyo servicio aún no son beneficiarios.

Lo serán ad calendas graecas, mientras tanto, los usuarios  deben seguir abonándolo religiosamente  en el recibo mensual o bimensual: un discutido canon autonómico, de carácter progresivo,  a razón de una media de un euro por familia. A ello se añade otro canon, el de mejora, que gira en torno a tres euros de media.

En los últimos tres años, la Junta ha recaudado por este impuesto obligatorio, que tiene carácter finalista, un total de 395 millones de euros, de los cuales solo se han ejecutado en licitación de obras concretas unos 50 millones en toda Andalucía. Ese dinero solo se puede gastar en nuevas depuradoras o ampliaciones de las existentes y tienen un periodo de aplicación en torno a cinco años.

El plan anual de obras de depuración de la Junta en al Comunidad es de 150 millones anuales, pero no se cumple.
En cada rincón andaluz hay una obra de depuración pendiente por la Junta. Y tan pediente, como que por Directiva europea de 2000, el 1 de enero de 2016 el 100% del territorio tendría que alcanzar el vertido cero. Por ello, la Comisión Europea ya ha pedido al tribunal de Justicia que imponga a España una multa global de 46 millones.

De las 573 actuaciones de depuración declaradas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Interés Autonómico el 26 de octubre de 2010, 39 (el 6,6%) corresponden a Almería.

Las 38 obras hidráulicas planeadas, para cumplir con las exigencias europeas, son: Ampliación de la Depuradora de El Bobar y agrupación de vertido en núcleos de Almería y Huércal de Almería; Depuraradora de Area metropolitana de Almería; Depuradora y colectores de Alcóntar Bacares y sus núcleos; ampliación depuradora de Tíjola y conectores de Armuña, Tíjola y sus núcleos; ampliación depuradora de Cantoria y colectores; mejora de la Depuradora de Suflí y colectores en Laroya y Sierro;  depuradoras y colectores en Urrácal, Partaloa y Somontín; colectores en Lúcar; Depuradora en Albox, Arboleas, Zurgena y sus núcleos; Depuradora en Antas; Depuradora y vertidos en Bédar y Los Gallardos; depuradora de Carboneras; depuradora de Cuevas y sus núcleos; depuradora de Huércal-Overa; depuradora en Mojácar, depuradora en Oria; depuradora en Pulpí; Albanchez, Cóbdar y Lubrín, Alcudia y Tahal; Benitagla y Uleila; Olula de Castro, Castro de Filabres y así hasta un total que afecta a casi todos los municipios de la provincia. De esos 38 proyectos, 9 están en distintos procesos de licitación para su puesta en servicio.

Sanción de la UE
Losproyectos de depuración que se encuentran en fase de licitación o ya a punto de entrar en funcionamiento son los de la ampliación de la capacidad de El Bobar, Fondón, los colectores del Medio Andarax, Vélez-Blanco, Cantoria, Uleila del Campo, Níjar, Huércal-Overa, Antas, Cuevas del Almanzora y Mojácar. Sin embargo, Andalucía, como otras comunidades españolas, no llega a tiempo al plazo marcado por Bruselas. Tanto que hay ya propuesta una sanción de 46 millones de euros. La Comisión Europea ya llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en 2011 por una situación similar y seis años después el problema no se ha resuelto. El trabajo por hacer aún es arduo y dependerá de las disponibilidades presupuestarias de la Junta, a pesar de que el canon de mejora y autonómico es finalista.

Un acelerón en los últimos días
En los últimos días se ha producido un  acelerón de estos esperados proyectos hidráulicos en la provincia: el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, firmó el pasado mes el convenio de colaboración para la construcción de la depuradoras de Huércal de Níjar y Huércal-Overa con un presupuesto de 14,3 millones financiados con cargo al canon de mejora autonómico. También se ha hecho entrega de la segunda fase de saneamiento del Bajo Andarax tras finalizar la conexión con El Bobar.