Apenas un año después del grave accidente que casi le cuesta la vida en el castillo de Bacares, Raúl Miralles ha sufrido este 14 de septiembre otra durísima consecuencia del siniestro en la clínica madrileña donde se recuperaba: la amputación de una pierna. Este nuevo varapalo retrasará aún unos meses el alta, prevista inicialmente para estos días, y la vuelta a casa con su mujer y sus dos hijos menores.

El accidente, ocurrido el 2 de septiembre de 2025 mientras realizaba tareas de desbroce para el Ayuntamiento del municipio, le causó graves secuelas neurológicas, hemiplejia izquierda y daños en la pelvis, la cadera y las piernas que, junto a la reciente amputación, le han dejado abocado a una silla de ruedas y a la espera de la declaración de gran invalidez. “Aunque tiene problemas cognitivos, el pobre es consciente de todo lo que le pasa”, dice Marta Rodríguez, su mujer.

Raúl recuerda poco de lo sucedido. “Solo se acuerda de que estaba cortando una rama… y ya no dice más”, explica Marta, quien añade que su marido “resbaló y cayó 25 metros para abajo”.

 Aunque intentó caer de pie, el impacto fue brutal, hasta el punto de que se destrozó la cadera y la pierna izquierda y sufrió un severo traumatismo craneal. “Estuvo en la UCI 28 días, muy malito”, recuerda Marta, quien agradece profundamente el trabajo del equipo de neurorrehabilitación del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que le salvó la vida tras ser evacuado en helicóptero desde Bacares.

Posteriormente, ya en febrero de este año, fue trasladado a una clínica de rehabilitación de Asepeyo en Madrid, donde ha mejorado bastante, aunque necesitará durante toda su vida un cuidado permanente que ya asume con entereza y decisión su mujer, quien a sus 37 años tiene claro que seguirá dándolo todo por su marido y sus hijos. “Yo soy catalana, vine a Almería por amor, y por amor seguiremos luchando”, manifiesta.

Traslado a Sevilla

Marta Rodríguez ya ha planificado el futuro inmediato de la familia, que, de momento y a la espera del alta de Raúl, se ha trasladado a Sevilla. “Volver a Bacares y a Almería está descartado, no solo porque el Ayuntamiento nos ha dado la espalda por completo, sino sobre todo porque en Sevilla tenemos más medios médicos para prestar la atención que Raúl necesitará toda su vida”, explica.

De momento, ella vive con sus dos hijos, de 14 y 11 años, en un piso compartido con un primo y una amiga. Ahora sale adelante con los 1.300 euros de la prestación por incapacidad temporal de Raúl, pero teme que esa cantidad no sea suficiente una vez que su marido se traslade también al domicilio familiar. “El problema es que entonces no podremos sobrevirir con esto”, se lamenta.

De ahí que tanto la familia como sus abogados reclamen que se agilicen las responsabilidades administrativas y los procesos judiciales abiertos. Marta ha puesto el caso en manos de Vosseler Abogados, que denuncia “la negligencia administrativa que ahoga a la familia”, como indica Ámbar Zambrano, responsable del área laboral del gabinete.

Ante la supuesta falta de respuesta municipal, Vosseler Abogados presentó en octubre de 2025 una denuncia contra el Ayuntamiento, que, como explica Zambrano, cuenta con el respaldo de las conclusiones alcanzadas posteriormente por la Inspección de Trabajo.

El informe de la Inspección, fechado el pasado 30 de enero y al que ha tenido acceso este periódico, es demoledor respecto a las supuestas responsabilidades. Para empezar, precisa que el trabajador "no tenía protección colectiva ni individual para el riesgo de caída”. 

Continúa diciendo que “la tarea a realizar se asignó de manera improvisada” y que “no disponía de formación teórico-práctica específica para la realización de trabajos de altura”. También señala que “el casco carecía de barboquejo, elemento esencial en trabajos con riesgo de caída”, y concluye: “Todo ello evidencia una deficiente organización del trabajo y una ausencia de control preventivo, incompatible con la naturaleza y gravedad del riesgo existente”. En suma, como resume ahora Marta, su mujer, “Raúl no tenía que estar allí”.

A partir de estas conclusiones, la Inspección de Trabajo promovió un expediente de recargo de las prestaciones económicas del 50%, el máximo previsto legalmente, por las deficiencias preventivas apreciadas.

"Sí tenía formación"

Pese a este informe, la alcaldesa de Bacares, la socialista Encarnación Zaguirre, ha manifestado a La Voz de Almería que el trabajador “sí tenía formación” para el trabajo asignado. Zaguirre se muestra contrariada por los reproches de la familia y asegura, por el contrario, “que desde el Ayuntamiento siempre se ha tratado de ayudar a la familia, tanto antes como después del accidente” de Raúl, que solía trabajar a través del PFEA.

La alcaldesa asegura que el Ayuntamiento asumirá la responsabilidad que en cualquier caso le corresponda, aunque apela a la prudencia al tratarse de un caso que se encuentra bajo investigación y en el que, según dice, tanto el Consistorio como ella misma están colaborando “en todo lo que se puede”. Encarnación Zaguirre insiste en tender la mano a la familia en esta situación “tan dura”.

Mientras se dirimen estas responsabilidades, la situación de Raúl y de su familia continúa siendo especialmente complicada. Marta no trabaja actualmente porque necesita desplazarse periódicamente a Madrid para acompañar a su marido y atender sus necesidades, mientras ha tenido que comenzar una nueva vida junto a sus dos hijos en Sevilla. La familia espera además, a través de ayudas, poder acceder a una vivienda que pueda ser adaptada a las necesidades de Raúl Miralles antes de que reciba el alta.

La vía judicial sigue siendo otra de las grandes incertidumbres en este caso. La defensa reclama que avance la investigación abierta en Purchena para determinar las posibles responsabilidades derivadas del accidente, tras su paralización durante meses por la baja de un funcionario, según denuncia, mientras que por otro lado trata de concretar los medios para garantizar los recursos económicos que necesitará Raúl durante el resto de su vida.

Zambrano advierte de que las cantidades que se han manejado hasta ahora -que rondarían incluso el millón de euros-, para afrontar sus cuidados futuros son todavía estimaciones y que será necesario determinar de forma precisa sus necesidades y su coste, sobre todo ahora tras la amputación de una pierna. 

Los abogados se plantean también dirigir sus actuaciones frente a la Diputación Provincial, una vez que consideran insuficiente el seguro del Ayuntamiento para cubrir los gastos necesarios para Raúl.

Por tanto, más de un año después de aquel 2 de septiembre, la preocupación de Marta ya no se limita a la recuperación de su marido, sino que ahora tiene que preparar una vida completamente distinta para el momento en que Raúl, a sus 47 años, abandone el hospital, con una persona que necesitará atención permanente y una familia que, de momento, cuenta con unos ingresos insuficientes para afrontar el futuro.