La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha señalado "deficiencias" en la organización y planificación del trabajo en el que un operario del Ayuntamiento de Bacares (Almería) sufrió un grave accidente laboral el pasado 2 de septiembre al precipitarse desde una altura de más de 20 metros cuando realizaba labores de desbroce manual en el entorno del castillo de la localidad.

Así lo ha trasladado en un comunicado la representación letrada del afectado, ejercida por el despacho Vosseler Abogados, desde donde se ha criticado que el expediente se encuentre "congelado" por la "falta de personal" en el Juzgado Único de Purchena, donde se interpuso una demanda el pasado mes de octubre.

El "demoledor" informe de la autoridad laboral emitido el 30 de enero de este año apunta el "riesgo grave y evidente" al que se expuso el trabajador, con una "ausencia total de protecciones" ya que "no existían líneas de vida ni puntos de anclaje en pendientes rocosas de más de 20 metros".

Del mismo modo, incide en el "equipamiento inadecuado" que portaba el trabajador, que llevaba un casco sin sujeción --barboquejo--, lo que "lo dejó desprotegido en la caída". Asimismo, advertía de la falta de supervisión puesto que el operario "trabajaba en solitario, sin plan de seguridad específico ni recurso preventivo".

Ante tales evidencias, la Inspección ha promovido el máximo legal en un recargo de prestaciones (el 50 por ciento) contra el Ayuntamiento, al considerar que la "falta de medidas de seguridad fue la causa directa del siniestro".

Sin tramitación

El despacho ha lamentado que el proceso penal contra los responsables del Ayuntamiento vea dificultada su tramitación "mientras la víctima sigue ingresada y su familia en una situación desesperada" transcurridos cinco meses del accidente en el que se despeñó por una ladera de fuerte pendiente de casi 25 metros de altura.

"Mientras el expediente duerme en un cajón por falta de personal sustituto, la realidad de la familia Miralles es crítica", han apuntado desde el bufete en relación a la situación del varón de 47 años, que advierte de un "fallo sistémico de la Administración de Justicia" por el que la familia se encuentra "desamparada por la burocracia".

El trabajador municipal, que fue derivado a Granada tras el accidente, permanece internado en Madrid "enfrentándose a una nueva vida de gran invalidez" mientras que "su mujer, a cargo de dos hijos menores de edad, se encuentra en una situación de absoluta inseguridad por la falta de un respaldo legal" ante lo que, según consideran, "debería derivarse de un proceso judicial ágil".

"No es justicia. Es una crueldad administrativa", ha afirmado la letrada Ámbar Zambrano, responsable del área laboral de Vosseler Abogados. "Que el proceso no avance porque no hay un funcionario en la sección que tramita estas diligencias es inaceptable", ha añadido ante el proceso cuya investigación arrancó en septiembre por parte de la Guardia Civil por posibles "negligencias".

Desde Vosseler Abogados han apuntado así que la "parálisis judicial" en Purchena está "vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva" del afectado. "Mientras el Ayuntamiento de Bacares elude por ahora el banquillo por una cuestión puramente administrativa, una familia con dos menores sigue esperando que alguien responda por una vida truncada", han comparado.

"Raúl no puede esperar a que una baja laboral se cubra para que se reconozca que su accidente era evitable. Exigimos la tramitación inmediata de la denuncia", ha concluido Zambrano.