El narcotráfico ha dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en una realidad cotidiana a lo largo del litoral andaluz. Su entramado criminal, que abarca actividades como el llamado petaqueo, se ha consolidado en las costas de Almería como una red logística al servicio de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y de seres humanos.

Al mismo tiempo, las embestidas de narcolanchas contra patrulleras de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil se han convertido en un desafío cada vez más violento contra la autoridad del Estado, mientras playas, calas y espacios naturales amanecen con frecuencia cubiertos de garrafas de combustible, restos de embarcaciones y otros residuos que degradan enclaves de alto valor ambiental.

La escalada ha tenido también un elevado coste humano. No hay que olvidar muerte de los guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, que marcó un punto de inflexión y evidenció que la presión del crimen organizado sobre la costa andaluza ha alcanzado un nivel sin precedentes, y la de los tambien agentes del Instituto Armado en aguas de Huelva, constatando la dramática gravedad del asunto.

La seguridad de Almería, una estrategia prioritaria para Europa

La dimensión alcanzada por este fenómeno ha terminado por traspasar el ámbito nacional. Las andanadas del narcotráfico circunscrito a la costa andaluza han irrumpido de lleno en la agenda de seguridad de la Unión Europea.

El avance de las redes criminales asentadas en Andalucía ya no preocupa únicamente a las fuerzas de seguridad que operan entre el Campo de Gibraltar y las costas de Almería. Ahora se ha convertido convertirse en un conversación recurrente en los en los pasillos de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

Y es que, el Parlamento Europeo celebra este miércoles una sesión centrada en los principales desafíos de seguridad que plantea el narcotráfico en Andalucía como principal foco de preocupación y, por extensión, en la frontera sur de la Unión Europea. La señal política es inequívoca, alta y clara. Según ha adelantado ABC, el Partido Popular Europeo ha promovido una iniciativa para que la lucha contra la amenaza el narcotráfico en las aguas andaluzas sea considerada una “prioridad estratégica” de la Unión Europea en materia de seguridad.

Sobre la mesa, el debate gira en torno a la necesidad de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de incrementar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilan el litoral andaluz, desde Huelva hasta Almería, en su combate contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La desigualdad de medios entre los agentes y las redes criminales, una denuncia reiterada por las asociaciones profesionales de guardias civiles y sindicatos de la Policía, así como por representantes políticos de la provincia de Almería, constituye uno de los ejes de la iniciativa.

Con este debate, sus promotores pretenden trasladar a la Eurocámara la magnitud del desafío que afronta la costa andaluza y convencer a las instituciones europeas de que el narcotráfico en el sur de España requiere una respuesta coordinada a escala comunitaria.

Conformando el perfil de los nuevos piratas

En paralelo al debate político, la respuesta al narcotráfico en Andalucía se libra cada vez en más frentes, tanto en el mar como en los tribunales, con el objetivo de estrechar el cerco sobre la estructura logística y financiera que sostiene a las organizaciones criminales.

Tras años de reclamaciones por parte de fiscales y fuerzas de seguridad, el denominado petaqueo —el abastecimiento de combustible a las narcolanchas en alta mar— quedaba el pasado mes de marzo tipificado como delito en el Código Penal, en una reforma que busca desmantelar uno de los principales pilares operativos de estas redes y que contempla penas de hasta cinco años de prisión.

A ello se suma el giro impulsado por la Fiscalía Especial Antidroga de Andalucía, que ha pedido a la Policía Judicial de la Guardia Civil documentar de forma exhaustiva todos los episodios de violencia protagonizados por narcolanchas contra embarcaciones oficiales.

El objetivo es que las embestidas, los ataques o las maniobras dirigidas a poner en peligro la vida de los agentes puedan perseguirse como delitos de piratería, una calificación penal mucho más severa que permitiría reforzar la respuesta judicial frente a unas organizaciones criminales cuya violencia no ha dejado de escalar en los últimos años.

Una reclamación que no cesa

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos policiales y de vigilancia aduanera que trabajan en Almería, han aplaudido que las instituciones estén adaptando el marco legal a la realidad de un fenómeno cada vez más violento y sofisticado.

No obstante, insisten en que la principal batalla sigue librándose en el mar y advierten de que las reformas penales resultarán insuficientes si las unidades encargadas de combatir el narcotráfico continúan careciendo de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para hacer frente a las organizaciones criminales.