Endesa abre en Almería cerca de 10 expedientes al día por fraude en los últimos tres meses
El 48% de la energía defraudada por estos enganches en la provincia estaban vinculados a plantaciones de marihuana

Imagen durante una intervención de Endesa con la Policía Nacional.
En la provincia de Almería Endesa abrió en los tres primeros meses de este año un total de 867 expedientes de fraude, es decir cerca de 10 expedientes al día. Este dato representa una problemática que afecta al entorno en el que se producen estos enganches ilegales, dificultando la vida diaria de todos los vecinos que viven en estas zonas.
El fraude representa un grave peligro para la seguridad de las personas, registrándose en los últimos años números casos de incendios con origen en el fraude eléctrico. Y es que el fraude trae consigo la manipulación de instalaciones eléctricas que dañan las infraestructuras provocando cortes de suministro que afectan la calidad de suministro y de la vida ordinaria de muchas familias y negocios.
De hecho, estos expedientes de fraude supusieron una defraudación de 6,3 millones de kilovatios hora, de esta cifra, cerca de la mitad de esa energía defraudada, 3 millones (el 48%) está vinculada a plantaciones de marihuana, a pesar de que los expedientes de fraude por marihuana Almería representan solo el 4% del total (35 en el primer trimestre).
Plantaciones de marihuana
Las plantaciones de marihuana instaladas en pisos y naves, que se enganchan a la red de forma ilegal, provocan graves problemas en las redes de distribución ya que realizan grandes consumos de electricidad las 24 horas del día y terminan por colapsar la infraestructura eléctrica de la zona. Una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas y son un problema creciente.
Sólo en los últimos tres meses, la filial de Redes de Endesa ha llevado a cabo en Almería 29 intervenciones contra el fraude masivo vinculado a plantaciones de marihuana en operaciones en las que se acompañaba a las Fuerzas de Seguridad.
Estas intervenciones con las Fuerzas de Seguridad son fundamentales ya que permiten desmantelar verdadera ingeniería del cultivo de marihuana enganchado a la red que provoca sobrecarga en las infraestructuras eléctricas provocando cortes de suministro a todos los vecinos.
De hecho, tras una de las operaciones realizada por las fuerzas de seguridad en Andalucía el pasado mes de marzo se aprecia cómo la demanda energética desmesurada de las plantaciones de marihuana (línea roja) desciende drásticamente en el momento de los cortes de suministro realizados durante la operación.
Antes de la operación, y en general en las zonas en las que se detecta fraude para el cultivo de cannabis, se incrementan los problemas eléctricos que afectan al conjunto de vecinos. El refuerzo de la red eléctrica con un aumento de la potencia no resuelve el problema, ya que se utiliza para alimentar nuevas plantaciones. En algunas zonas, la potencia eléctrica disponible multiplica por cinco la contratada legalmente, pero el fraude es de tal magnitud que termina por saturar las instalaciones.
En Andalucía en los tres primeros meses del año se han llevado a cabo más de 2.900 cortes de suministro por fraude en actuaciones con las Fuerzas de Seguridad que se han incrementado en un 30% en este trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
A las incidencias en la red se le suma la inseguridad que sufren los trabajadores, que tienen que estar acompañados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajar con el rostro tapado para evitar su identificación. En los últimos cuatro años, los empleados de la compañía y de las empresas colaboradoras que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física. En concreto, se han contabilizado 58 casos de agresiones en 2025, cuando procedían a realizar trabajos para desmantelar fraudes.
El Informe Europeo sobre Drogas 2025 indica que España acapara el 73 % de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, un dato que muestra la dimensión del problema en nuestro país. El cultivo indoor de marihuana, controlado en muchos casos por organizaciones criminales internacionales, según el ministerio del Interior, es especialmente grave en algunas zonas de Cataluña y Andalucía.
Estas organizaciones realizan tendidos de cables de más de un kilómetro, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación.
Denuncia anónima
Al margen de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el uso de nuevas tecnologías y de la IA para combatir el fraude, las denuncias anónimas son otra vía efectiva para luchar contra este delito. En e-distribución hay varios canales para reportar de forma anónima posibles casos de fraude eléctrico o irregularidades en instalaciones: el teléfono 800 760 220, el buzón de correo anomalias@enel.com y el formulario que puede rellenarse a través de la web www.edistribucion.com. Durante 2025, las denuncias ciudadanas derivaron en 22.000 inspecciones que permitieron actuar en cerca de 6.000 suministros con pérdida de energía.
A pesar del refuerzo continuo de los medios técnicos y humanos desplegados por e-distribución para luchar contra el fraude eléctrico, la existencia de un marco penal comparativamente más laxo en nuestro país para combatir este delito ha tenido un efecto disuasorio muy limitado.
La Fiscalía General del Estado en su Memoria Anual correspondiente a 2025, destacaba que en Alemania, Francia e Italia la defraudación en el suministro eléctrico “comporta penas de prisión, mientras que la mínima severidad de la norma penal española, disponiendo solo multas, es probable que atraiga a nuestro país a tramas organizadas”.
En este sentido, Endesa valora la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica Código Penal y se incorpora un subtipo agravado para el delito de defraudación de fluido eléctrico en los casos vinculados a cultivos de marihuana. La reforma, que endurece las sanciones y prevé penas de prisión de seis a dieciocho meses o multas de doce a veinticuatro meses, supone un avance respecto del marco anterior para abordar un problema especialmente grave en determinadas zonas de España.