Lo que iba a ser un viaje de descanso acabó marcando su vida para siempre. Jessica, una mujer francesa que esperaba su primer hijo, dio a luz en Almería a comienzos de marzo de 2020, cuando la pandemia de la COVID-19 ya comenzaba a extenderse y el país se encaminaba hacia el confinamiento.

Apenas diecisiete días después del nacimiento, los servicios de protección de menores le retiraron al bebé. Aquel niño no volvió a casa con ella. Seis años después, sigue intentando recuperarlo en un proceso que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional.

El parto llegó lejos de su entorno habitual y en circunstancias complejas. Jessica estaba sola en España, sin familiares cercanos ni red de apoyo, sin hablar el idioma y afrontando una maternidad primeriza en medio de la incertidumbre sanitaria. Tras el nacimiento, pasó los primeros días del posparto en una vivienda compartida en la comarca del Almanzora.

Una denuncia sin conocer el idioma

Eran jornadas de encierro, miedo e información confusa, con hospitales desbordados y calles vacías. El 24 de marzo de 2020, ya declarado el estado de alarma, los servicios sociales recibieron un aviso sobre una posible situación de riesgo para el recién nacido. La comunicación partía de la persona con la que la madre compartía piso, que alertó de una supuesta incapacidad para hacerse cargo del niño.

Ese aviso desembocó en una intervención urgente. El bebé, que apenas había cumplido dos semanas de vida, fue separado de su madre y puesto bajo acogimiento familiar. Según explica a LA VOZ su abogada, Marta Boza Rucosa, Jessica aún recuerda aquel día como una sucesión de escenas difíciles de comprender. Documentos que no entendía, decisiones tomadas con rapidez y explicaciones en un idioma que no dominaba. Acababa de dar a luz, se encontraba débil físicamente y emocionalmente, y —según su versión— recibió el mensaje de que todo era provisional, una medida temporal mientras se valoraba su situación. Con el paso del tiempo, el fundamento de aquella retirada empezó a agrietarse.

La denunciante no ratificó su versión ante un juez y, meses después, llegó a reconocer que lo denunciado no era cierto. La Audiencia Provincial de Almería reflejaría más adelante que no había pruebas objetivas que sostuvieran aquella acusación y que la intervención inicial careció de suficientes garantías, revocando el fallo de primera instancia y dictando que el niño fuera reintegrado a la madre biológica. Pese a ello, el procedimiento siguió su curso. Sin su hijo y sin recursos estables, Jessica tomó una decisión que marcaría el desarrollo del caso: marcharse a Barcelona.

"Cambio brusco"

Según su defensa, ese traslado respondió a las propias exigencias administrativas para poder recuperar la custodia. Las restricciones de movilidad derivadas del 'lockdown' y la falta de un régimen de visitas fluido terminaron pesando en su contra.

La ausencia de contacto regular con el menor fue uno de los factores que llevaron a un primer juzgado a respaldar la actuación de los servicios sociales. La madre recurrió esa decisión y, en segunda instancia, la Audiencia Provincial dio un vuelco al caso. En su resolución, el tribunal cuestionó la retirada inicial y consideró desproporcionada la apertura de un proceso con fines preadoptivos.

Sin embargo, el fallo no tuvo una aplicación inmediata. En 2021, el menor pasó a convivir con una familia de acogida y el procedimiento avanzó hacia la adopción. El conflicto llegó al Tribunal Supremo, que también señaló deficiencias en la actuación administrativa y descartó cualquier reproche a la conducta de la madre.

Aun así, el alto tribunal optó por no ordenar el retorno del niño con Jessica. Argumentó que el tiempo transcurrido y la falta de una relación normalizada aconsejaban evitar un cambio brusco en la vida del menor. El propio Supremo apuntó que la opción más razonable habría sido mantener el acogimiento acompañado de visitas estructuradas para evaluar la respuesta del niño, un escenario que nunca llegó a desarrollarse.

"Nos negamos a la adopción"

En la última vista ante el Tribunal de Almería, celebrada este jueves 9 de abril, la abogada de Jessica señaló: “Acabamos de hacer la vista online con el Tribunal de Almería, para negarnos a la adopción. El tribunal no quiere pararla, y quien la inició fue el propio servicio social de Almería”.

En estos seis años, la madre solo ha podido ver a su hijo en contadas ocasiones. Con la vía judicial ordinaria agotada, el caso ha llegado ahora al Tribunal Constitucional. La defensa de Jessica sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales y reclama que se frene la adopción mientras se analiza el recurso. La vista ya se ha celebrado y el futuro del menor pende de una decisión clave.

La lucha de Jessica por recuperar la custodia de su hijo continúa abierta tras años de procedimiento judicial, con la vista puesta en el Tribunal Constitucional como última instancia en el ámbito nacional. No obstante, su representación legal, la abogada Marta Moza, no descarta recurrir a instancias europeas si no se produce una resolución favorable, al considerar que el caso podría trascender el marco interno y plantear una posible vulneración de derechos fundamentales.

Conflicto internacional

Según ha explicado a LA VOZ la propia Boza, se ha puesto en el día de hoy en conocimiento del tribunal que se trataría de una “retención ilegítima de un súbdito francés”, lo que, a su juicio, contravendría el artículo 10 del Reglamento Bruselas II ter. La defensa añade que el asunto ya ha sido trasladado al Departamento de reclamación de menores del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, desde donde se estarían analizando posibles vías de actuación internacional