El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García declarará el próximo 26 de junio como investigado en el caso 'Mascarillas' por el que se indaga en presuntas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación Provincial de Almería a través de una supuesta red de amaños en adjudicaciones de obras y servicios con empresas afines.

El juez instructor Manuel Rey Bellot ha establecido ya un calendario de declaraciones conforme avanzó en su providencia del pasado 13 marzo a partir del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se detallaba la presunta participación de hasta 43 investigados en la supuesta trama.

En este sentido, el también expresidente del PP almeriense declarará el último de los días señalados, conforme al cronograma establecido, junto con sus hermanos Juan Carlos G.M. y María Rosario G.M., quienes fueron señalados por la Guardia Civil junto con la sociedad familiar que gestionan como supuestos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían sido malversados y dedicados al pago de propiedades de García y otros gastos personales.

El calendario de citaciones arrancará el próximo 28 de mayo; día en el que el instructor ha citado al expresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, así como al empresario Kilian L.S., a quienes se atribuye el grueso de la primera parte de la investigación mediante la adquisición por dos millones de euros de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19 y una supuesta 'mordida' a dicho contrato de 900.000 euros.

También está previsto que declare el 4 de junio el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien aunque se encontraba investigado desde el principio, no fue arrestado hasta el pasado mes de noviembre de 2025. Él, junto con Óscar Liria y Javier Aureliano García, conformaban un grupo de Whatsapp denominado 'Naranjito' en el que, según los investigadores, intercambiarían mensajes en clave mediante lenguaje odontológico para hablar de supuestas comisiones.

A partir de dicha fecha, el juez abre una nueva fase de interrogatorios hacia el entorno de Liria y su supuesta red de colaboradores con la que habría conseguido fondos de forma irregular mediante la adjudicación de contratos de la Diputación.

En este sentido, cita para el 5 de junio a su hermano F.J.L.S. así como a varios empresarios, mientras que el 11 de junio hace lo mismo con el exalcalde de Fines --tío de Liria--, Rodrigo Sánchez Simón. También llama a declarar al hijo de este ante las sospechas mantenidas durante toda la causa por sus contrataciones con la Diputación a través de sus empresa.

Así, los interrogatorios principalmente a empresarios que estarían vinculados con la trama se suceden los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre ellos se encuentran varias personas desempeñan cargos públicos como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, quien declarará el último de esos días.

El juez instructor, que espera la resolución de recursos para citar a otros siete investigados, acordó tomar declaración a los 43 señalados en el informe de la UCO mediante el que se concreta la supuesta participación de cada uno de los investigados, con un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares.

El instructor adoptó la decisión de avanzar en la investigación mediante las declaraciones de los investigados mientras que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos.

El juez solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las posibles consideraciones delictivas.

En este sentido, los agentes diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos y principalmente, el expresidente de la Diputación.

Sobre esta última parte, la UCO reduce a los cargos públicos los indicios una "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita" con García a la cabeza, como presidente de la institución provincial, aunque también con sus dos hermanos, la sociedad familiar que gestionaban, Giménez y Liria como implicados, a los que se uniría el empresario Kilian L.S.

Para los investigadores existen evidencias de que, en algunos casos, Liria habría actuado "como intermediario en el cobro de las comisiones" de modo que habría sido él quien habría percibido los fondos que, posteriormente, habría hecho llegar al respeto de cargos públicos.