"La adjudicación de material sanitario no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de un presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicas (...) que tiene como eje central la Diputación Provincial de Almería". Así de tajante se muestra el magistrado José Manuel Rey Bellot en el auto firmado con fecha del 2 de enero vinculado a la solicitud del Departamento de Investigación Económica de la UCO para volcar el contenido de 6 móviles de empresarios. 

Tal y como se señalaba ya en el auto de noviembre de 2025 en el que se autorizaban los registros que desembocaron en la detención de cinco personas, el famoso contrato de mascarillas y otro material sanitario firmado en abril del año 2020 habría sido solo la punta del iceberg en una presunta trama de cobro y reparto de comisiones “con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente, Javier Aureliano García”.

Si en aquel contrato se habrían introducido sobrecostes de cerca de un millón de euros (más del 42% del importe total, según los investigadores), entre los hechos y datos que recuerda el magistrado para justificar la autorización del volcado de los teléfonos móviles, se encuentra la adjudicación de otros 17 contratos públicos a OYC Servicios Urbanos, la empresa pantalla del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez López, y su hijo.

De esos 17 contratos, un total de 10 habrían sido adjudicados por la Diputación: 7 de ellos en 2020 y otros 3 en 2021, año en el que tuvo lugar la primera parte del Caso Mascarillas, en la que fue detenido el entonces vicepresidente tercero, Óscar Liria cuando este era precisamente encargado de Fomento. 

Los otros 7 contratos a investigar vinculados con esta empresa fueron adjudicados por el Ayuntamiento de Fines en 2022, 2023 y 2024. En total, el auto señala que esta sociedad pantalla habría sido adjudicataria “de forma fraudulenta” de contratos públicos por importe de 1.126.573,97 euros.

Para el supuesto amaño de adjudicaciones con esta y otras empresas, la trama se habría valido de un funcionario que “ayudó a Óscar Liria para seleccionar a determinadas empresas”, detalla el auto, que concreta de manera más precisa mensajes remitidos por el empleado público al entonces vicepresidente en fechas comprendidas entre 2018 y 2020 en los que el juez ve indicios del presunto amaño de contratos de la Diputación (“tema arreglado”; “Suflí controlado OYC”; “me pasan estos menores pendientes de pedir oferta”; “me ha dicho que le reste un 4%”...).

En ese escenario planteado por la UCO y reflejado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Almería (encargado de esta pieza dependiente del Juzgado nº1, cuya titular se apartó por vínculos personales con algunos investigados), Óscar Liria habría actuado como destinatario final de las comisiones y también "como intermediario haciendo llegar los mismos a cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería". 

El volcado de los móviles

El fiscal anticorrupción se habría mostrado favorable al volcado de los dispositivos móviles sin oponerse a ello, cosa que sí habrían hecho los abogados que representan a Javier Aureliano García y Fernando Giménez, que se muestran contrarios “por no ser adecuada ni necesaria y suponer una intromisión desmedida en la intimidad personal y familiar”.

Desde el momento en el que el juez concede autorización al Departamento de Investicación Economica de la UCO para volcar el contenido de los teléfonos móviles, la Guardia Civil tiene un plazo de quince días para presentar un informe con las conclusiones.