Desde hace algún tiempo, las empresas especializadas en 'desokupaciones' han pasado de ser un fenómeno que ocupa espacio en el debate público y en los titulares de los medios de comunicación y las redes sociales. Su actividad, apareció de la nada y se ha convertido en un recurso para propietarios que buscan recuperar viviendas ocupadas.

En la provincia de Almería, este modelo de negocio también ha echado raíces: algunas firmas operan desde fuera y son contratadas puntualmente, mientras que otras han decidido asentarse en territorio almeriense. Una de las intervenciones más recientes se ha producido esta semana en Roquetas de Mar, donde la actuación de una de estas empresas, se saldó con la entrada en el inmueble, tensión con sus moradores y el hallazgo de alcohol y sustancias estupefacientes. La intervención tuvo lugar en el barrio roquetero de Las 200 Viviendas, en una zona degradada donde se acumulan basuras y edificios envejecidos.

En el vídeo difundido en redes por la propia empresa de desocupación se observa al equipo avanzando por las calles, bajo la mirada curiosa de varios residentes sentados en los portales. Las imágenes muestran un edificio deteriorado, con un rellano utilizado como dormitorio improvisado: un colchón y una sábana extendidos en el hueco de la escalera junto a una persona dormida, ajena al despliegue.

Al llegar al piso objetivo, los miembros del equipo acceden al interior y se encuentran una hilera de media docena de pipas de agua tipo cachimba junto a una cocina repleta de cacharros acumulados en el fregadero. Las estancias, muy precarias, apenas contaban con un colchón y un ventilador. En la grabación, uno de los miembros de la empresa de desocupación muestran un frasco con cogollos de marihuana que, aparentemente hallaron en la vivienda, además de otras cantidades guardadas en envases de plástico dentro de una bolsa.

Volviendo a la cocina, sobre la encimera, estanterías y armarios, una veintena de botellas de alcohol de alta graduación se apilan de tal manera que podrían hacer sombra al bar más pertrechado. La intervención se prolongó durante dos días, un tiempo en el que se sucedieron los intentos de contacto con los moradores de la vivienda. Entre charlas a través de puertas y la rutina habitual de este tipo de desocupaciones, el ambiente del barrio se cargó de tensión.

Bajo investigación

En el vídeo difundido por la empresa se perciben discusiones, gritos y empujones del presunto morador mientras intenta volver a entrar en el inmueble, un escenario que no pasó desapercibido para los vecinos, que observaban desde la distancia, entre curiosidad y recelo, cómo se desarrollaba la operación. El revuelo llamó la atención de las fuerzas de seguridad. Una pareja de guardias civiles se situó en el exterior del edificio, controlando la situación y asegurando el perímetro. Fuentes cercanas a la Guardia Civil han señalado que se ha abierto una investigación sobre el inmueble, ante la supuesta presencia de estupefacientes hallados durante la intervención.

Propuesta de prohibición

El pasado mes de mayo Sumar proponía una reforma legal en el Congreso para prohibir la constitución, promoción, funcionamiento y contratación de empresas o personas que ofrezcan servicios orientados a la desocupación de viviendas, para lo que plantean multas de entre 30.000 y 6000.000 euros en todas las actividades descritas.

Mediante una enmienda a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, el grupo plurinacional ha propuesto una disposición adicional a la Ley de Arrendamientos Urbanos que tiene por objeto la prohibición de estas empresas.

En concreto, el texto recogido por Europa Press buscaba prohibir de forma "expresa, completa y sin excepción" la constitución, funcionamiento y contratación de empresas dedicadas a la desocupación de viviendas habitadas por personas físicas.

A juicio del grupo parlamentario, este tipo de entidades operan al margen del marco legal vigente, suplantando las funciones propias del poder judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y vulnerando "gravemente" derechos fundamentales como el de la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la integridad física y moral.