En la Vega de Acá, uno de los barrios más cotizados de Almería, una mujer de 51 años lleva más de once años ocupando una vivienda unifamiliar valorada en más de 400.000 euros. Según la propiedad, que ha llevado el caso a los tribunales, "pese a no haber trabajado un solo día desde 2018, la ocupante mantiene una vida aparentemente normal": "acude al gimnasio cada mañana, pasea a su perro y disfruta de su rutina diaria". "Cómo se fuera la reina del chollo. Lleva más de once años ocupada gratuitamente que no paga hipoteca, ni alquiler, ni apenas suministros".

Habitar un inmueble de estas características requiere, cuanto menos, una rutina estricta de levantarse a las 06:00h para ir a trabajar, no obstante, esta vecina debe conocer una fórmula mágica, ya que, su realidad laboral indica otra cosa: 361 días cotizados en más de tres décadas. 

Renovado en varias ocasiones

Sin embargo, según explica la propiedad a LA VOZ, "está empadronada en el domicilio y percibe prestaciones públicas como el Ingreso Mínimo Vital y ayudas para suministros básicos, lo que reduce sus facturas de luz y agua a un 80% a cantidades simbólicas". Desde la propiedad se cuestionan cómo, con esta situación económica,

El aspecto más llamativo del caso, según exponen los damnificados,  "es que un informe oficial de los Servicios Sociales la considera en situación de vulnerabilidad", reconocimiento que ha servido para paralizar su desahucio desde 2021.

De acuerdo con la propiedad, que mantiene un litigio judicial para recuperar esta vivienda, "este documento ha sido renovado en varias ocasiones sin que se hayan realizado evaluaciones presenciales ni se hayan actualizado sus datos económicos y personales". Mientras tanto, la propietaria del inmueble, que ha presentado ante las autoridades documentación exhaustiva —desde certificados de vida laboral hasta informes de renta y consumos mínimos—, continúa sin poder recuperar su propiedad. 

También plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad. Desde el despacho que representa a la propietaria advierten que esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, "sino que cuestiona la justicia social y refleja las grietas de un sistema que parece proteger a quienes no trabajan ni contribuyen, mientras miles de ciudadanos afrontan sus obligaciones económicas".

La propiedad del inmueble lamenta profundamente esta situación, "ya que quienes pagan sus hipotecas, impuestos y facturas se ven afectados al convivir con esta realidad".