El ánimo, ya caldeado entre algunos de los presos pertenecientes al módulo 7 del Centro Penitenciario de Almería, El Acebuche, llegó a su punto álgido durante esta mañana lunes 17 de febrero, desencadenando una multitudinaria pelea en la que, según fuentes oficiales de la prisión, “estuvieron implicados entre 10 y 20 reclusos”.

Lo que parecía un día normal en la institución penitenciaria de la capital desembocó en un acto violento, producto de desacuerdos en el menudeo de estupefacientes dentro de El Acebuche.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA VOZ, el pasado sábado, 15 de febrero, un individuo no identificado arrojó un paquete por encima del muro de la prisión, esperando que su contacto dentro del penal lo recogiera sin problemas.

En su interior, presuntamente, había una cantidad considerable de pastillas alucinógenas y varios teléfonos móviles. Tras recibirlo, el recluso encargado solo debía distribuir la mercancía según lo pactado con los demás internos.

El que parte y reparte se lleva la mejor parte

Sin embargo, los números no cuadraron con lo acordado, generando recelo entre los presos que debían recibir su parte de los estupefacientes. Ya fuera por desconfianza en el reparto o por disputas en los términos del acuerdo, la tensión creció a lo largo del fin de semana hasta desembocar en una pelea de grandes dimensiones en el patio de la prisión.

Las primeras informaciones sobre la reyerta, emanadas de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), hablaban de que en la pelea estuvieron involucrados un total de 87 reclusos pertenecientes al módulo 7, considerado uno de los más conflictivos, según el sindicato.

De acuerdo con CSIF, la pelea se sofocó cuando 12 trabajadores del centro intervinieron, viéndose obligados a enviar a las celdas a un total de 87 presos.

"Necesitaríamos una fuerza más contundente"

El altercado terminó con la intervención de los funcionarios de prisiones de Almería, que, según fuentes internas de El Acebuche, lograron disuadir el enfrentamiento y restablecer la normalidad en el centro penitenciario tras aproximadamente una hora. Como resultado de la actuación de los funcionarios, cinco internos han sido aislados del módulo, entre ellos los presuntos cabecillas de la trifulca.

A raíz del suceso, el director del Centro Penitenciario de Almería, Nahum Álvarez, salió a desmentir o, más bien, a corregir la versión del sindicato, asegurando que los presos implicados en el altercado fueron "entre 10 y 15", siendo 87 el total de la población reclusa del módulo 7.

"Si realmente hubieran sido 87 personas las implicadas en una pelea, tendría que haber actuado una fuerza más contundente, como la Policía Nacional, ya que nosotros no habríamos podido controlar a tanta gente", manifestó Álvarez.

"Superpoblación" en el módulo y en la prisión

El responsable de CSIF en El Acebuche, José Gallegos, catalogó la pelea como "dantesca" y subrayó que este tipo de conflictos "ponen en riesgo a toda la comunidad de El Acebuche", recordando que "el déficit de personal y la falta de herramientas normativas" están teniendo "consecuencias directas en la convivencia diaria del centro".

En su comunicado, Gallegos deseó al compañero agredido "una pronta recuperación". Este punto también fue matizado por Álvarez, quien indicó que, salvo cinco internos que sufrieron lesiones leves, no había constancia de ningún herido entre la comunidad de internos, ni funcionarios.

La situación de tensión dentro del centro a la que se refiere el sindicato, se agrava por la superpoblación en el módulo 7. Para CSIF, es urgente reducir el número de internos en esta unidad, "al menos en una veintena". Sin embargo, según denuncian, estas demandas han sido ignoradas por la Dirección de la prisión, que "hizo oídos sordos a los requerimientos del sindicato".

Nahum Álvarez reconoce que existe un exceso de población en El Acebuche, pero "no solo en el módulo 7, sino en todo el centro penitenciario". De acuerdo con el director, esta situación se debe a que la prisión está recibiendo reclusos preventivos de toda la provincia. Según Álvarez, esta afluencia "queda fuera de las competencias de la Administración", impidiendo que estos internos puedan ser trasladados.