El principal documento contra la ratificación del acuerdo agrícola con Marruecos con el que contaba el sector hortofrutícola europeo, y por ende español y almeriense, el informe Bové, fue tumbado ayer. La propia Comisión del Parlamento Europeo (la de Comercio Internacional, INTA) que encargó elaborar dicho informe fue la que le dio carpetazo.

El presidente de dicha comisión, el socialista portugués, Vital Moreira, fue quien promovió el voto contra el informe de Bové, a través de una enmienda a la que se sumaron otras tres enmiendas que también eran contrarias al documento de Bové, en el que se instaba a detener el acuerdo. En bloque se votaron dichas enmiendas, saliendo aprobadas con 23 apoyos, una abstención y cinco voces negativas, entre ellas las de los tres españoles con voto en esta sesión: Pedro Zalba (PP), Auxiliadora Correa (PP) y Emilio Menéndez del Valle (PSOE).

Las enmiendas aprobadas echan por tierra un informe que hablaba de explotación laboral infantil en Marruecos, no respeto a las condiciones laborales y fitosanitarias en las explotaciones alauitas, sobreexplotación de recursos naturales, implantación de empresas europeas como grandes beneficiarias del acuerdo (junto a la oligarquía alauí) y existencia de invernaderos en el antiguo Sahara español. Sin embargo, la comisión INTA obvió en su votación todo lo anterior y envía al Plenario del Parlamento, que se reunirá el día 15, el mensaje de que vote a favor del protocolo.

Cañete pide tranquilidad

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, envió ayer un mensaje de tranquilidad al sector agrario tras el voto favorable del INTA al nuevo convenio agrícola. Cañete dijo que la posición del Gobierno es que este acuerdo es “desequilibrado” y que concentra las concesiones y los envíos de Marruecos en momentos “muy sensibles” para España.

“Un acuerdo que tiene un mecanismo de control de contingente y de precios de entrada que el sector denuncia que no se respeta, de manera que los mecanismos de control no son suficientes”, señaló, a lo que añadió que desconoce por qué “el Gobierno anterior no trató de influir para no llegar a este texto”.

Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja y Coag se han reunido en distintos ayuntamientos para promover mociones contra el acuerdo, que serán trasladadas a los eurodiputados españoles en un intento desesperado de concienciarlos y “hacer piña”.

PRESIÓN DESDE ESPAÑA

Aguilera insta a Rajoy a que dé la cara y lidere la respuesta en Europa

La consejera de Agricultura de la Junta, Clara Aguilera, dijo ayer que trabajará “junto con la delegación española del Grupo Socialista para despertar la sensibilidad en otros países hacia las consecuencias negativas de renovar un acuerdo” que actualmente sufre continuos incumplimientos en todo lo relacionado con los precios de entrada, los contingentes y la normativa de calidad y que,” en ningún caso, puede convertirse en modelo a seguir para futuros tratados entre la UE y países no comunitarios”. La consejera andaluza instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que afronte la renovación del protocolo agrícola como “una cuestión de Estado” y a que “defienda personalmente los intereses de nuestros agricultores ante las instituciones europeas”. Según Aguilera, “el Gobierno de España tiene ahora la oportunidad de demostrar su sensibilidad hacia este sector” del que dependen miles de empleos.