En el oscuro agujero de la violencia familiar, un grupo de víctimas olvidadas vive en silencio el drama de los malos tratos. Son ancianos castigados por los achaques de la edad y, a la vez, por el abandono, la desatención o los golpes de las manos de sus cuidadores.

Los mayores maltratados carecen de la visibilidad pública de las víctimas de la violencia de género o los menores de edad, pero su situación aflora casos de enorme crueldad e instan a una intervención de las autoridades. En el año 2004, la Junta de Andalucía impulsó una nueva normativa para atender a las personas mayores   amenazas por los malos tratos o el abandono, y cada año envía decenas de informes a autoridades judiciales.

Durante el ejercicio 2015, la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía remitió a la Fiscalía 13 casos de supuestos malos tratos a ancianos en la provincia de Almería. Las alertas llegaron gracias a las llamadas recogidas por el Teléfono de Atención a las Personas Mayores de Andalucía (900 85 83 81), que canaliza los avisos de las propias víctimas, familiares, vecinos o allegados.

El objetivo es sacar del anonimato a estos ancianos, prestarle atención especializada (social, psicológica y sanitaria) y canalizar los casos más graves a la autoridad judicial para depurar responsabilidades y que no queden impunes.

Durante el año pasado, el Teléfono de Atención a las Personas Mayores de Andalucía registró 204 consultas desde Almería y 60 de ellas se catalogaron como expedientes de “riesgo de maltrato”.  En el conjunto de la comunidad autónoma, la Consejería de Salud remitió 280 casos a la Fiscalía.

Tarea de todos
“La Ley  de Atención y Protección a las Personas mayores en Andalucía puso las bases para proteger a las personas en situación de desasistencia o que fueran objeto de maltrato mediante la correspondiente investigación y con la adopción de las medidas adecuadas para su cese”, señala la Consejería de Salud en una respuesta parlamentario sobre los programas de atención a las víctimas.

“Además, insta a que las denuncias por maltrato sobre personas mayores detectadas por cualesquiera de los órganos de las Administraciones Públicas fueran inmediatamente puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal”, añade. “Del mismo modo deberán actuar los profesionales, familiares, amigos, vecinos o instituciones que aprecien situaciones de maltrato o indicios de las mismas, sobre cualquier persona mayor”. Una tarea de todos.

No denuncian, no son conscientes
La Fiscalía Superior de Andalucía (FSA) señala en su último informe la incidencia de la violencia contra los ancianos, a menudo sometidos a situaciones de dependencia por problemas de salud o por su avanzada edad. “Cobra una especial importancia la situación de la violencia familiar asociada a los mayores”, alerta la FSA. “Existe violencia familiar a mayores con contrastado componente de género que se enlaza con otros agresores  dentro de la unidad familiar  (hijos, yernos, convivientes)  y que proyectan, aún más, la  situación de victimización   de la persona mayor maltratada”, añade.

La Fiscalía, no obstante, habla de “fronteras legales  de  índole asistencial y, a veces,  de  índole procesal” que limitan su capacidad de acción. En primer lugar, existe “una imposibilidad  de  actuación  de oficio por parte del fiscal en la materia puramente social”, con lo que señala a la Junta de Andalucía como responsable de una intervención en el ámbito de la protección de las víctimas.

En segundo lugar, destaca la falta de apoyo de las víctimas en las denuncias (se acogen a su derecho a no declarar contra parientes), “determinando  muchas  veces  con  su  silencio  y  por  razones  obvias,  la  impunidad  del  delito  de  maltrato  a  mayores”.

Y, en tercer lugar, a Fiscalía apunta a las dificultades de los ancianos para acceder a determinadas ayudas sociales. “Son intervenciones de   oficio por parte del Fiscal con  o sin voluntad de la víctima, con una voluntad normalmente disminuida y nula percepción de su situación. Esta situación hace prácticamente inoperativa tal petición (...) Quedando excluidas tales peticiones por esa alta vulnerabilidad del mayor que no es consciente de su maltrato y en el caso de serlo,  además opta por no declarar  su situación”, concluye la Fiscalía.