La Guardia Civil de Almería destapa un fraude masivo en los cursos para la obtención del “certificado de aptitud profesional” de los conductores, conocido como CAP. Una investigación desarrollada durante tres años coloca en el punto de mira la formación impartida por once autoescuelas de la provincia de Almería, la mayoría ubicada en la comarca de Poniente.

Según fuentes oficiales de la Comandancia de Almería, la Operación Cursos Cap coloca el epicentro de la investigación en una empresa radicada en la capital e intermediaria entre Transportes y las autoescuelas. Sus dos responsables son señalados como principales promotores del sistema.

Los hilos de la presunta trama son complejos, se entrecruzan, mezclan sociedades y, a menudo, rodean actuaciones irregulares con  cursos de formación perfectamente legales. De forma simplificada, los alumnos conseguían los certificados CAP para conductores profesionales sin asistir a los cursos, previo pago de unos cantidades económicas.

La Guardia Civil refleja en sus diligencias sospechas sobre 72 cursos de formación repartidos en 17 autoescuelas, 11 de ellas en la provincia de Almería. La nómina de investigados (imputados) asciende a 38 personas, aunque ninguna ha comparecido como detenida.

En total, la cifra de matriculados en estos ciclos superan los 600 alumnos y, aunque la investigación continúa abierta en coordinación con el Juzgado de Instrucción número Dos de Almería, los agentes revelan ya 244 permisos supuestamente fraudulentos.

Los cursos estaban subvencionados por la Tesorería General de la Seguridad Social y, por tanto, además de falsedades documentales y estafas se estudian daños a las arcas públicas. “Con esta actuación, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado que habría defraudado a la Seguridad Social unos 82.000€, con cursos obligatorios y necesarios para la obtención del certificado de aptitud profesional del conductor”, señala la Comandancia de Almería.

La trama usaba presuntamente dos sistemas para el fraude. El primero, el más extendido según los investigadores, suponía el pago directo por parte de los alumnos para la consecución de los certificados CAP. En segundo, más complejo, necesitaba la mediación de los comerciales de las empresas dedicadas a la formación y la implicación de responsables de las autoescuelas, que luego ofrecían el “atajo” a los usuarios.

La Benemérita imputa a los investigados presuntos delitos de falsedad documental, estafa, corrupción entre particulares y fraude. Las redes superan los límites de la provincia de Almería y salpican a centros radicados en Jaén, Huelva, Córdoba y Sevilla. Las pesquisas continúan abiertas.

¿Qué cursos?
La obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) requiere un curso de formación. Está dirigido a conductores profesionales de maquinaria pesada o transportes colectivos, por ejemplo. La Guardia Civil asegura que, en algunos casos, los alumnos no tenían ni siquiera el permiso tipo C.

¿Qué fraude?
La investigación cree que los alumnos pagaban a las empresas de formación, a veces a través de las autoescuelas, para conseguir el CAP sin asistir a los cursos. Además, como las clases están subvencionadas por la Seguridad Social, supone también un fraude a las arcas públicas.

¿Qué requisitos?
El CAP es necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos para los que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E. Para su obtención se requiere superar un examen, antes de 6 meses, después de realizar un curso de formación. El examen consta de 100 preguntas de test.

¿Seguridad?
Según la Guardia Civil de Almería, la presunta trama genera una “grave situación para el sector del transporte y para la seguridad vial, al estar dotando a los conductores profesionales de unos permisos para los que no han recibido la formación correspondiente”.

¿Qué cantidades?
Las cifras son difíciles de definir. Los agentes acreditan unos 82.000 euros de fraude a la Seguridad Social porque las ayudas están registradas. Sin embargo, es prácticamente imposible definir qué pagos se hicieron entre alumnos y empresas y centros de formación.