La Junta niega los desahucios en El Puche y afirma que solo exige regularizar los contratos de luz
AVRA asegura que no ha iniciado ningún expediente, pero las cartas enviadas a los vecinos advierten de que abrirá el procedimiento de desahucio si no presentan el contrato eléctrico en diez días hábiles
Bloque de viviendas sociales de El Puche en Almería.
La falta de contadores de luz y de contratos eléctricos ha abierto un conflicto entre vecinos de El Puche y la Junta de Andalucía. Familias de dos bloques de viviendas públicas de la calle Manolo Caracol aseguran haber recibido cartas que les dan diez días hábiles para acreditar que tienen contratado el suministro eléctrico, bajo la advertencia de que podrían enfrentarse a un procedimiento de desahucio si no cumplen el requerimiento.
Ante esta situación, la Junta sostiene que no ha iniciado ningún expediente de desahucio. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), responsable de gestionar estas viviendas, explica que el objetivo de las comunicaciones es que los inquilinos cumplan sus obligaciones contractuales y se eviten los riesgos asociados a los enganches ilegales.
Concentración en la calle Canónigo Molina Alonso de los vecinos de El Puche para reclamar una solución ante un posible desahucio.
Sin embargo, la carta enviada a los afectados, encabezada como "Último requerimiento previo desahucio defraudación fluido eléctrico", advierte expresamente de que, si no presentan un contrato eléctrico en vigor dentro del plazo establecido, la Agencia procederá a abrir el procedimiento.
Una inversión de casi 30.000 euros
AVRA señala que a finales de 2025 realizó trabajos para adecuar las centralizaciones de contadores de los bloques 5, 7 y 11 de la calle Manolo Caracol, con una inversión de 29.568 euros. En enero de 2026 comunicó a los residentes que debían contratar la electricidad en un plazo de tres meses.
La Agencia afirma que la mayoría de los vecinos ya ha formalizado el contrato o ha solicitado asesoramiento para iniciar los trámites. No obstante, sostiene que cinco inquilinos seguían sin acreditar la contratación, pese a haber transcurrido el plazo concedido. Por ello, en septiembre remitió un nuevo requerimiento para presentar los contratos en diez días hábiles.
Los vecinos reclaman aclarar quién paga la instalación
Los afectados aseguran que entraron a vivir en las viviendas sin contadores individuales. Su principal reclamación es que se aclare quién debe asumir los costes de los trabajos necesarios para completar la instalación y tramitar el boletín eléctrico, porque, según expresan, no creen que sean ellos los responsables de hacerse cargo de los costes de los contadores, solo del suministro eléctrico.
Un carrito con un bebé durante la concentración de las 32 familias.
Igual opina José García, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), quien considera que la Junta debe asumir las actuaciones que correspondan a la propiedad de los edificios. AVRA, por su parte, asegura que está disponible para asesorar a los residentes que todavía no hayan iniciado los trámites.
Como afirma la Junta, en la carta no se acredita que se haya iniciado un procedimiento de desahucio, pero sí advierte de su apertura si no se presenta la documentación dentro del plazo establecido.