Diez días laborables para instalar los contadores de luz. Ese es el plazo que, según los vecinos afectados, les ha dado la Junta de Andalucía en una carta fechada el 7 de octubre, en la que les advierte de que podrían enfrentarse al desahucio si no cumplen el requerimiento. La comunicación afecta a 32 familias que viven de alquiler en dos bloques de viviendas públicas de la calle Manolo Caracol, en la barriada almeriense de El Puche.

Ante la posibilidad de perder sus casas, los vecinos se han concentrado este martes frente a una de las sedes de la Junta en Almería para pedir una reunión y buscar una solución. Aseguran que entraron a vivir en las viviendas sin contadores individuales y que llevan años intentando regularizar el suministro eléctrico.

Antonia María, una de las inquilinas afectadas, explica qué les hizo sentir esa carta: "Nos decían que si no ponemos los contadores, vamos a la calle. Nosotros estamos dispuestos a pagar el suministro, faltaría más, pero no creemos que sea responsabilidad nuestra la instalación", señala. 

La vecina considera, además, que el plazo es insuficiente para realizar los trámites y los trabajos necesarios. "¿Diez días qué hacemos? No hacemos nada, porque mientras pones contador o no lo pones, se cumplen los diez días", lamenta.

Quién debe asumir los costes

Las viviendas forman parte del parque público gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta. El principal punto de desacuerdo es quién debe pagar los trabajos necesarios para instalar los contadores y tramitar el boletín eléctrico.

Los vecinos sostienen que la Administración debe asumir las actuaciones que correspondan a la propiedad de los edificios y piden que se tenga en cuenta que recibieron las viviendas "sin contadores" y que llevan años tratando de resolver el problema.

José García, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), cuestiona también que se traslade esa responsabilidad a los inquilinos. "La Junta de Andalucía lo que plantea es que sean los vecinos, aquellos que están en alquiler, los que tienen que hacer la acometida, los que tienen que hacer el boletín. Nosotros entendemos que eso es totalmente irregular", afirma.

García asegura que ya hubo solicitudes para instalar contadores que no prosperaron porque, según su versión, las instalaciones no estaban preparadas. Por ahora, sigue sin aclararse quién debe asumir cada uno de los costes necesarios para completar el proceso. 

El portavoz también ha señalado que los problemas eléctricos de El Puche vienen de lejos y que, a su juicio y en contra de lo que hace la mayoría de la gente, no se pueden atribuir únicamente a las plantaciones de marihuana. 

El portavoz del SAT sostiene que las instalaciones del barrio llevan años arrastrando deficiencias y que Endesa dejó de invertir en la red durante un tiempo. Según explica, hace aproximadamente un año acompañó a la entonces delegada del Gobierno andaluz al barrio para mostrarle el estado de las infraestructuras, que considera insuficientes. García reconoce que los cultivos de marihuana forman parte del problema, pero insiste en que también hay dificultades previas relacionadas con el estado de las instalaciones y con la falta de actuaciones para resolverlas.

Los vecinos esperan una respuesta

Durante la concentración, los afectados han pedido reunirse con responsables e la Junta para aclarar la situación y encontrar una solución antes de que se venza el plazo. Según explican, les han indicado que presenten una solicitud de cita y que posteriormente les llamarán.

Las 32 familias esperan que ese encuentro permita aclarar quién debe hacerse cargo de los trabajos y si es posible disponer de más tiempo para regularizar el suministro. Mientras tanto, según el cómputo trasladado por los vecinos, quedan cinco días laborables para que termine el plazo comunicado en las cartas.