La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional retoma hoy las declaraciones de empresarios y profesores investigados en el marco de la Operación Edu Costa, centrada en el presunto fraude en el destino de ayudas públicas para cursos de formación. Las previsiones apuntan a la imputación de 35 personas hasta el próximo 20 de febrero.

La UDEF indaga en la presunta desviación de fondos millonarios procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Se estudia el uso de las subvenciones concedidas entre 2010 y 2012 en toda la región. Las sociedades debían justificar el objetivo de los cursos, el número de alumnos y la finalización de los mismos. Los investigadores creen que se falsearon documentos para cobrar cantidades por clases que nunca se realizaron, parcial o totalmente.

La Policía Nacional cuenta con un amplio listado de empresas vigiladas en la provincia de Almería y toma declaración a profesores y alumnos. De momento, las pesquisas afectan, al menos, a cinco sociedades: Quintaeventos S.L., Academia Infosol S.L., Ormar Infomatic S.L., Inmecamar S.L. y Centro de Formación Indalo.

Según las resoluciones de la Dirección Provincial del SAE en Almería, estas empresas recibieron un total de 1,9 millones de euros en convocatorias públicas de subvenciones.

Ormar, Inmecamar e Infosol están asociadas a Juan Fernando Ortega Paniagua, exconcejal socialista en Roquetas de Mar, y sus familiares. Según las resoluciones publicadas por la Junta de Andalucía y firmadas por Francisca Pérez Laborda entre el 4 de febrero de 2010 y 8 de febrero de 2012, recibieron un millón de euros en subvenciones.

El empresario declaró el martes ante la Policía y defendió la legalidad de sus actividad. “Los cursos se hicieron y los alumnos salieron contentos”, alegó. No obstante, entregó su acta de concejal y confió en la citación del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Almería para “poder aclarar” lo sucedido.

Las subvenciones a las cinco sociedades están encuadradas en “el plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo” y el “Programa de Acciones Formativas” del SAE.

No obstante, la nómina de empresas sospechosas en la provincia de Almería será más extensa. Sólo en las resoluciones mencionadas la Junta de Andalucía concede fondos a otras cincuenta empresas, sindicatos y ONGs almerienses.

La instrucción continuará en las próximas semanas. Mientras, se suceden las reacciones en el ámbito político, dada la implicación de concejales en varios puntos de la comunidad autónoma. Si el miércoles fue el consejero Luciano Alonso quien mostraba sus “dudas” sobre los intereses de la Operación Edu, ayer fue la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que considera que las actuaciones “no parecen casuales”.